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LA FM conoció que son más de 17 mil millones de pesos que el Estado ha tenido que pagar a víctimas de hechos delictivos perpetrados por las Farc en las zonas que fueron despejadas para desarrollar los entonces diálogos de paz con esa guerrilla.
El presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el magistrado Jaime Orlando Santofimio, explicó que este tipo de condenas básicamente se han dado porque las Farc cometieron delitos relacionados con hurto de ganado, hurto de bienes, despojo de tierras, asesinato, desplazamiento forzado y destrucción de viviendas.
"Lo que se está condenando es al Estado por falla y en muchos de estos casos adicionalmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha solicitado que se investigue a los actores armados, al actor civil, en este caso a los grupos insurgentes, no solamente por estos hechos que son conductas irregulares de daños comunes a la población civil sino también con actos de lesa humanidad, actos propios del desbordamientos de la guerra y situaciones que rayan con el derecho internacional", afirmó el magistrado Santofimio.
Dentro de los fallos, se advierten que el despojo de tierras y el robo de ganado fueron el común denominador, además de los asesinatos que se dieron, entre ellos, el del alcalde de Vista Hermosa, Meta.
Para el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, estos sucesos atentaron contra la actividad económica de quienes tenían tierras dentro y fuera de la denominada zona de distensión decretada por el Gobierno de turno y que para muchos la afectación fue irreparable.
"Porque evidentemente durante el Gobierno del presidente Pastrana, es decir, durante la época del Caguán, no solo hubo un despojo abierto y directo de todos aquellos ganaderos que tenían propiedades en la zona, desplazándonos en algunos casos quitándonos la tierra sino al mismo tiempo comprometiendo su principal matrimonio que era el ganado", señaló el presidente de Fedegán.
Para Lafaurie, existe el temor de que en las actuales zonas veredales que fueron decretadas para los miembros de las Farc una vez se dio la firma de la paz, se vuelvan a repetir estos hechos “porque desde allí pueden planear eventualmente acciones, pueden salir a las zonas aledañas y eventualmente pueden terminar cometiendo hechos ilícitos y las autoridades deben estar muy atentas".
Y es que según las condenas emitidas por el Consejo de Estado, la falla por parte del Estado se configuró por la omisión y la garantía por parte de la Fuerza Pública para proteger a los habitantes que estaban en esos territorios durante y después de los acuerdos de paz.
Dentro de algunos fallos se advirtió que "la parte actora denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Granada (Meta) y ante el Alto Comisionado para la Paz “sin tener éxito en la recuperación del ganado, ya que por razones del despeje decretado por el Gobierno Nacional, ninguna autoridad ha hecho presencia en el sitio, lo cual ha servido para que la guerrilla de las Farc se crea con derecho de disponer a su antojo de los bienes ubicados en dicho territorio sin que las autoridades puedan intervenir”.
Hay que recordar que el despeje decretado por el Gobierno fue a 42 mil kilómetros entre los municipios La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá.
