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El pasado 13 de enero se posesionaron ante el presidente de la República los magistrados que integran la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad que reemplazó al Consejo Superior de la Judicatura.
Sin embargo, su nombramiento sigue causando polémica en los sectores políticos y jurídicos del país. Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de nulidad de la elección de estos funcionarios, argumentando posibles anomalías en la conformación de las ternas para ocupar esos cargos.
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En esta acción jurídica interpuesta ante el Consejo de Estado, se solicita suspender la designación de Magda Victoria Acosta Walteros (procedente de la terna 1), Juan Carlos Granados Becerra (terna 2), Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo (terna 3), Diana Marina Vélez Vásquez (terna 4), Alfonso Cajiao Cabrera (terna 5), Carlos Arturo Ramírez Vásquez (terna 6) y Julio Andrés Sampedro Arrubla (terna7).
El demandante advierte que no se cumplieron los criterios de meritocracia establecidos en las normas vigentes, para adelantar el proceso de selección de los ternados.
“De igual manera, sucede con las cuatro (4) ternas, que elaboró el Consejo Superior de la Judicatura, donde el citado organismo hace una convocatoria pública amarrada, donde concurren todas las personas interesadas, quedando la selección de los candidatos a la conformación de la terna, sujeta a la voluntad de los miembros de la Corporación, sin que se cumplan los criterios de méritos, que deben aprobar los aspirantes”, indica uno de los apartes de la demanda.
También se cuestiona que “el presidente de la República ‘a purísimo dedo’ conformó las tres (3) ternas, postulando los candidatos a ocupar los cargos como Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, situación ésta que vulnera la autonomía e independencia de la Rama Judicial y de la citada Comisión”.
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La demanda interpuesta ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, señala que la Comisión de Disciplina Judicial debe ser un organismo independiente, lo cual no queda claro tras la manera como se adelantó la elección de sus integrantes.
Sin embargo, en el Congreso de la República señalan que la designación de estos funcionarios se adelantó conforme a los parámetros establecidos en la ley y en la Constitución.
Esta es la demanda:
