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En los últimos días, ha venido creciendo la violencia ejercida por grupos armados ilegales contra la población civil en municipios como Cáceres, Bagre y Segovia, en el departamento de Antioquia.
El pasado 25 de agosto fue asesinado el líder social Luis Miguel Echavarría y tres personas más en la vereda San Pablo, de Cáceres. De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría sido protagonizado por miembros del Clan del Golfo, uno de los actores armados que disputa el control de la zona con el ELN, en alianza con algunas disidencias de las Farc.
De igual forma, el 06 de septiembre se conoció la liberación de cinco personas que estaban privadas de su libertad por parte del bloque Roberto Vargas Gutiérrez, frente Julio César Vargas, del Clan del Golfo y que al parecer serían miembros del ELN.
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“Hay un contexto reciente sobre lo que viene ocurriendo en la zona rural de Cáceres, exactamente en la vereda San Pablo, donde desde hace cerca de dos meses se viene presentando una fuerte disputa entre el grupo armado de las AGC (Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, aseguró Yesid Zapata Hernández, defensor de derechos humanos e integrante de la corporación Sumapaz.
En el mismo sentido, Zapata Hernández dijo que el territorio puede estar en el centro de la disputa porque quien logre tener el control del mismo podrá practicar la extracción minera como sustento económico y la explotación de recursos naturales, lo que constituye una entrada importante de dinero para los grupos armados que tratan de diversificar sus fuentes de financiación.
Adicionalmente, la ubicación particular de esta vereda permite que quien la domine obtenga un mayor acceso a rutas que conectan con otras zonas del país como el Nudo de Paramillo, el municipio de Ituango, otros municipios de la subregión del Bajo Cauca, así como una conexión hacia el nordeste del país y el sur de Córdoba.
Por su parte y de acuerdo a información brindada por Carlos Andrés Zapata, presidente de la IPC, las cientos de familias víctimas de desplazamiento suelen dirigirse al casco urbano del municipio y también a pueblos cercanos como, Caucasia, Frontino, El Bagre y Medellín.
“Lo que pasa es que el terror de la comunidad ha hecho que simplemente no sean declarados los desplazamientos que se han dado, pero tenemos información de que los desplazamientos gota a gota se vienen presentando desde hace casi un año en este sector”, enfatizo Zapata al respecto.
Aunque no sé sabe con lujo de detalle hacia que destinos se dirigen las familias víctimas de desplazamiento forzado o si regresan o no a su hogar, debido al cuidado y tratamiento especial que se debe tener con este tipo de información, la atención que reciben no deja de generar interés. “El acompañamiento y la atención de las autoridades ha estado marcada por los mínimos vitales para atender estas poblaciones”, sostuvo Zapata Hernández.
Asimismo, es importante recordar que el 08 de septiembre la Unidad Nacional de Víctimas atendió a 320 familias afectas por el desplazamiento forzado en los municipios de El Bagre y Cáceres, de la subregión del Bajo Cauca, con la entrega de 20 toneladas en víveres y alimentos para los afectados.
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“En harás a procurar el alivio a esta situación humanitaria de estas comunidades la Unidad Nacional para las Victimas se prepara para atender las poblaciones en alto riesgo”, mencionó Claudia Patricia Vallejo Avendaño, directora de la entidad en el departamento.
Vallejo informó además que en esta zona de Cáceres también hay personas confinadas de forma violenta por actores armados, cabe recordar que la Defensoría del Pueblo manifestó su alarma al informar que en los primeros cinco años de 2023 más de 15.000 personas habían sido obligadas a desplazarse de su lugar de residencia.
Y según la Personería de la capital antioqueña, hasta enero 31 del presente año se llevaba la cuenta de 405 personas oriundas de otros municipios víctimas de desplazamiento que habían arribado a Medellín, lo que constituía un aumento del 140% de los casos en comparación con el mismo mes del año 2022.
