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El abogado Germán Calderón España, constitucionalista y firmante de una comunicación respaldada por un grupo de juristas, afirmó en entrevista con La FM de RCN que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido objeto de una “persecución judicial”. Según explicó, la carta, firmada por exmagistrados y expertos legales, busca evidenciar “los yerros” del proceso penal en su contra.
Calderón aseguró que el juicio no debería continuar, al señalar que “el hecho enjuiciado no existió”. Según su análisis, la Fiscalía basó el caso en “un testigo único” y desarrolló una acusación “sin razón de ser”.
“El juicio se centró en establecer si el presidente Uribe o su hermano tenían vínculos con grupos paramilitares, y no en el hecho puntual por el cual se le acusó”, señaló. Indicó que “la mayoría de los testigos hablaron de temas ajenos al objeto central del juicio”.
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Interceptaciones y pruebas cuestionadas
Uno de los argumentos principales expuestos por Calderón es la presunta irregularidad de las pruebas. Mencionó la existencia de interceptaciones ilegales a terceros que derivaron en grabaciones al expresidente, “sin orden judicial directa”. También denunció el uso de dispositivos por parte del testigo Juan Guillermo Monsalve, que calificó como “elementos contaminados”.
Sobre esas pruebas dijo: “Fueron trasladadas a una USB, lo que generó una contaminación inadmisible”. Agregó que, desde su punto de vista, eso vulneró el principio lógico de contradicción en el proceso.
En cuanto a los señalamientos de que Uribe habría ordenado alterar testimonios, Calderón afirmó: “Lo que se probó fue que el presidente dijo ‘diga la verdad’, nunca hubo una instrucción ilegal”. Indicó que la defensa ha demostrado que no existió una orden para defraudar el proceso, ni para manipular testigos.
También sostuvo que otros actores políticos, como el senador Iván Cepeda, “visitaron cárceles estadounidenses para contactar testigos en contra del expresidente y su hermano Santiago Uribe”.
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Críticas al rol de la Fiscalía y garantías procesales
Sobre la actuación del ente acusador, Calderón manifestó que “la Fiscalía solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, pero los jueces no lo aceptaron”. A su juicio, el desarrollo de la acusación no se dio de forma “lógica” ni respetuosa del debido proceso.
“El juicio comenzó con una situación que fue debatida en la Corte Constitucional y que a todas luces fue inconstitucional”, dijo, en referencia a que, según él, Uribe no fue imputado ante un juez de control de garantías, lo que habría vulnerado sus derechos.
Calderón enfatizó que “las garantías judiciales están por encima de todo” y que estas están reconocidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, además de la Constitución colombiana.
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Testigo clave y valoración de pruebas
El jurista reiteró que el proceso se sostuvo en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, a quien describió como “el único testigo directo”. Según dijo, Monsalve “reconoció en juicio que nunca conoció al presidente Uribe”.
Calderón subrayó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exige que los testimonios únicos deben ser “corroborados con otros directos y con pruebas consistentes”. En este caso, afirmó: “No se corroboró nada en contra del presidente”.
Concluyó que si el abogado Diego Cadena incurrió en alguna conducta irregular, “fue por cuenta propia” y que será la justicia quien determine su responsabilidad.
