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La defensa del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha y de otros siete implicados apelaron ante el Tribunal Superior de Bogotá para buscar revocar la medida de aseguramiento que fue instaurada en su contra como presuntos implicados en el caso de corrupción de Gestión del Riesgo.
El proceso llegó al despacho de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá luego de que los abogados de este grupo de investigados alegaran que no hay méritos suficientes como lo planteó una juez de primera instancia para que se les imponga una medida restrictiva de la libertad en centro carcelario.
Esta medida de aseguramiento también afecta al abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; al asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Este grupo de implicados fue judicializado por delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
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Según la investigación liderada por Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que el exdirector de la Función Pública habría facilitado y gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
“A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos”, indicó la Fiscalía delegada.
De acuerdo con el reporte de las autoridades los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
Los peritos verificaron que el contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú.
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“Aquí fueron detectados sobrecostos por 13.164 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú”, enfatizó la Fiscalía.
