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Todo estaba listo para que este viernes se conociera el sentido de fallo condenatorio en contra de tres coroneles, un teniente, un subintendente, un patrullero y tres civiles por los hechos que rodearon la manipulación de la escena del crimen en el lugar donde Diego Felipe Becerra Lizarazo recibió un disparo mortal por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón en la noche del 19 de agosto de 2011.
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Pese a que la jueza de conocimiento ya había definido con todos los sujetos procesales la fecha la audiencia se tuvo que aplazar nuevamente debido a problemas de conexión con la cárcel La Picota de Bogotá donde se encuentra recluido el patrullero Alarcón, quien cumple una pena de 37 años de prisión por el asesinato del joven de 16 años.
Después que fracasara la audiencia los padres de Diego Felipe Becerra señalaron que este proceso ha brillado por las maniobras dilatorias y las acciones dirigidas a afectar la administración de justicia, recordando que solamente en las audiencias preparatorias se demoraron seis años por las constantes peticiones, aclaraciones, recusaciones y renuncias de abogados de los procesados.
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Ya con esta son cinco las oportunidades que se tiene que aplazar la audiencia. Pese a que el juicio finalizó en diciembre de 2020 la lectura del fallo ha sufrido varios tropiezos.
La primera fecha tentativa fue en abril de 2021 pero por problemas de agenda de los abogados se reprogramó para el 19 de agosto (días antes había sido recapturado el patrullero Wilmer Antonio Alarcón). Sin embargo, en esa oportunidad la jueza estaba incapacitada por lo que se fijó para el 29 de septiembre. Pero en esa oportunidad el patrullero Alarcón está en aislamiento por lo que se fijó para este viernes.
Gustavo Trejos, padre del joven 'grafitero' aseguró que el Instituto Penitenciario Carcelario (Inpec) no ha adelantado los trámites para el patrullero pueda atender la audiencia de manera virtual ni lo traslada a un lugar donde pueda presenciarla.
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Los coroneles Javier Vivas, Nelson de Jesús Arévalo, John Harvey Peña, el teniente Rosember Madrid, el intendente Juan Carlos Leal, el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, el abogado Héctor Hernando Ruiz y los civiles Jorge Narváez y Nubia Mahecha, son señalados de participar en un activo plan para desviar la investigación.
Para esto se adelantaron las labores para obtener una pistola en el mercado ilegal y plantarla en el lugar donde el joven recibió el disparo de Alarcón. Con esto se quería señalar que el joven había amenazado con el arma de fuego al patrullero.
Con el fin de justificar la presencia del patrullero en la zona se manifestó que Alarcón había recibido el llamado de alerta del conductor de un bus de servicio público (Jorge Narváez) frente a un hurto perpetrado por Diego Felipe Becerra y dos amigos más.
Sin embargo, las pruebas recolectadas indicaron que el joven nunca había disparado o portado un arma de fuego, que en sus pertenencias solamente habían elementos para realizar grafiitis y que el bus de servicio público no estaba en tránsito ese día puesto que tenía 'pico y placa'.
Por estos hechos la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de víctimas solicitaron emitir fallo condenatorio en contra de todos los procesados.
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