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El empresario Carlos Mattos acudirá ante instancias internacionales, al considerar que se le vulneraron sus derechos, tras el trámite de extradición que llevaron a cabo las autoridades desde España a Colombia para que responda por su autoría en el escándalo de corrupción judicial del caso Hyundai.
Así lo anunció el abogado Víctor Mosquera, quien asumió la defensa y acompañamiento jurídico ante instancias internacionales del empresario colombo-español.
El jurista precisó que asumirá la defensa de Carlos Mattos, con el fin de que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, los mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinen si se le vulneraron sus derechos y garantías al debido proceso en el marco del trámite de extradición entre ambos países.
De manera simultánea, otro de los abogados avanza en diálogos con la Fiscalía para tratar de buscar un eventual preacuerdo del empresario con la justicia.
Sin embargo, el fiscal General de La Nación, Francisco Barbosa, indicó en su oportunidad que no hay preacuerdos en el marco del proceso para Carlos Mattos, muy a pesar que existiría una videollamada que así lo confirmaría y que se encuentra en estudio por parte del Ministerio de Justicia.
“No hay preacuerdos, entiendo yo, porque los fiscales son autónomos e independientes y al mismo tiempo no hay principios de oportunidad. Este es un caso que está en audiencia preparatoria y en ese sentido la Fiscalía tiene elementos material probatorios para sustentar el caso ante los jueces”, dijo el fiscal Barbosa.
En la actualidad el empresario colombo-español, procesado por el escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai, se encuentra recluido en el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota de Bogotá.
El Inpec confirmó en su momento que la defensa de Mattos solicitó y certificó que entre los años 2002 y 2006, el expresidente de la marca Hyundai en Colombia ejerció un cargo público, por lo que se ordenó su reclusión a La Picota por los delitos de cohecho por dar y ofrecer, utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado.
