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La Fiscalía General llamó a juicio al expresidente de la EPS SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino, por su presunta participación en el manejo irregular de millonarios recursos de la salud.
Palacino, quien fue capturado el pasado 9 de marzo, será procesado penalmente por el presunto desvío de 770 mil millones de pesos. Este dinero habría sido utilizado para gastos personales y la inversión en negocios muy diferentes al tema de la salud.
“La Fiscalía investiga a Palacino por la presunta apropiación indebida de recursos por un valor cercano a 400 mil millones de pesos entre los años 2000 y 2004. Al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el IPC, esa cifra ascendería a 770 mil millones de pesos”, precisó en su momento el fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
Las pesquisas indicaron que estos dineros habrían utilizados para hacer inversiones en otros proyectos y en el exterior, en países como México y Ecuador, adquisición de planta y equipo, inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas.
“El dinero de la salud tiene destinación específica y está orientado a la atención de los usuarios y la ejecución de campañas de prevención, es decir, únicamente a la cobertura de los planes de beneficios POS o POS Subsidiado”, indicó Martínez en rueda de prensa.
"Carlos Gustavo Palacino Antía habría desviado los recursos parafiscales de la administración de SaludCoop EPS para incrementar el patrimonio en inversiones de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud", precisó.
La investigación también determinó que entre los años 2000 y 2004, Palacino se habría apropiado de 398 millones de pesos, "valor que excedió los recursos propios generados en ese período y que fue destinado para sufragar inversiones y gastos que debían ser pagados por la persona jurídica y no con las rentas parafiscales".
El expresidente de la EPS -intervenida en 2015 por el Gobierno- se encuentra privado actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá. Por medio de su abogado ha rechazado estas acusaciones, indicando que nunca se apropió de recursos públicos.
Por estos mismos hechos, en 2013, la Procuraduría General lo inhabilitó por 20 años para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos.
