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La Fiscalía General de la Nación descartó la participación del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en el asesinato del decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, Roque Morelli, ocurrido en septiembre de 2002 en Santa Marta.
En su lugar, el ente acusador reafirmó que los únicos responsables del crimen son los exjefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’.
La decisión fue comunicada a través de una resolución de acusación emitida por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía (Fiscalía 228), en la que se establece que el crimen obedeció a motivaciones ideológicas, presuntamente por la afinidad o simpatía de Morelli con grupos de izquierda.
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En el mismo documento, la Fiscalía también involucra al Estado como actor cómplice en el asesinato, al señalar que la lista de personas a eliminar fue suministrada por miembros de las fuerzas militares, a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La resolución desmiente la versión del abogado Julián Quintana, defensor de la familia Morelli, quien durante años sostuvo la teoría de que Carlos Caicedo, entonces rector de la universidad, habría participado en el crimen. Caicedo celebró la resolución como una reivindicación de su inocencia y criticó a sus detractores, a quienes señala de impulsar una persecución judicial en su contra.
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“La verdad sigue abriéndose paso. Siempre fui inocente. Durante más de 20 años enfrenté amenazas por parte de paramilitares, sus aliados políticos y sectores empresariales. Hoy la Fiscalía confirma lo que siempre denuncié: agentes del Estado y el paramilitarismo son responsables de los crímenes en la Universidad del Magdalena”, expresó Caicedo en sus redes sociales.
La resolución fiscal cita los testimonios rendidos en Justicia y Paz por exparamilitares como Hernán Giraldo Serna y los hermanos Rojas. También se incluye la declaración de Willinton Mora Buenhaber, exintegrante de las Autodefensas Campesinas de Magdalena y La Guajira (ACMG), quien aseguró que la orden de asesinar a Morelli provino de José Gregorio Rojas, siguiendo una lista presuntamente entregada por el entonces jefe paramilitar Walter Torres.
Mora afirmó que en dicha lista también figuraban los nombres de Edwin Riaño y otro individuo no identificado, lo que confirma la sistematicidad de los crímenes ordenados por los mandos de las AUC en coordinación con agentes estatales.
Con base en estas pruebas, la Fiscalía ratificó las acusaciones contra Tovar Pupo y Sánchez Comas, como máximos responsables del asesinato de Roque Morelli, en un contexto de exterminio selectivo de líderes académicos y comunitarios con presuntas afinidades de izquierda.
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