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Luego anuncio del presidente Gustavo Petro, el Gobierno avanza en la logística para trasladar posiblemente a Bogotá a los cabecillas de estructuras criminales que protagonizaron la polémica parranda vallenata dentro de la cárcel de máxima seguridad Itagüí (Antioquia).
“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, dijo el mandatario durante un consejo de ministros.
Comisionado para la Paz, encargado de definir traslados
El mandatario hacía referencia al hecho ocurrido el pasado 8 de abril en ese centro penitenciario, que desató una ola de críticas por la falta de control al interior del sistema carcelario.
Tras la instrucción presidencial, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz quedó encargada de definir quiénes serán los internos trasladados.
Este paso es clave antes de iniciar formalmente el proceso con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que deberá coordinar la operación.
Desde el Inpec indicaron que, actualmente, se revisa la disponibilidad de cupos en diferentes cárceles del país.
¿Irán a La Picota de Bogotá?
Aunque no hay una decisión definitiva, una de las opciones que toma fuerza es el traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá, sin descartar otros centros que se ajusten al perfil de los reclusos.
Por ahora, no hay nombres definidos ni documentos firmes que oficialicen los movimientos, lo que confirma que el proceso sigue en etapa de planeación y no se ejecutará de inmediato.
La operación requiere coordinación logística con la Policía Nacional y la definición de condiciones de seguridad para el traslado.
Participación de Nelson Velásquez y debate sobre controles
En paralelo, avanza la investigación interna por lo ocurrido en la cárcel de Itagüí. El Inpec suspendió a 11 funcionarios mientras se adelantan las indagaciones disciplinarias para establecer responsabilidades.
El escándalo creció aún más tras conocerse la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez en el evento, lo que abrió un nuevo debate sobre los controles y permisos dentro de los centros de reclusión en el país.
El traslado de los cabecillas se convierte ahora en una de las principales medidas del Gobierno para responder a la crisis generada por este episodio.
