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En medio de un operativo de rutina, en el norte de Bogotá, fue capturada Giselle Jaller Jabbour, más conocida como la 'Mona Jaller', condenada por una millonaria estafa al Ejército en un contrato en el año de 1993.
El vehículo en el que se movilizaba por la Carrera Séptima fue requerido por unos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, a quienes presentó unos documentos falsificados.
“En el momento de la captura, en la localidad de Usaquén, la mujer trató de evadir a las autoridades presentando un documento de identificación falsificado”, reportó la Policía.
Pese a que en su contra existían varias condenas en su contra -una de 10 años de prisión y otra de 11 años- e incluso pesaba en su contra una Circular Roja expedida por la Interpol, la mujer se movía sin ningún tipo de problemas por las calles de la capital de la República.
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Jaller, de origen libanés, presentó una contraseña de color blanco, con el nombre de Giselle Yazogi.
La mujer fue trasladada a la URI de Usaquén donde se verificó su verdadera identidad con las huellas digitales, hecho por el cual quedó en poder de las autoridades judiciales.
Un juez de control de garantías de Paloquemao legalizó su captura y ordenó adelantar todos los trámites para que cumpla su respectiva condena en un centro carcelario.
La 'Mona Jeller' fue sentenciada en 2013 a once años y diez meses de prisión por intentar estafar al Ejército en un contrato de 800 millones de pesos que tenía como objetivo la dotación de uniformes.
Otro contrato fijaba el suministro de sables a la Escuela Militar. Sin embargo, estos dos convenios se cancelaron por orden del Ministerio de Defensa cuando descubrió el engaño.
En 1995 volvió a ser noticia cuando se comprobó que intentó suplantar la identidad de su hermana para hacerse pasar como representante legal de la empresa Inter Terra y así solicitar millonarios créditos ante el Banco Ganadero.
La entidad bancaria suspendió la entrega de estos dineros al comprobar que había falsificado los documentos. En 2010, intentó hacer la misma fugada, alterando documentos de la empresa familiar para transferir acciones a su nombre.
Por estos hechos fue sentenciada a 11 años de prisión por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio. Sin embargo, para ese momento su destino era un total misterio.
Su historia no terminó ahí, en septiembre de 2018 fue señalada por las autoridades de los Estados Unidos de estar presentándose como asesora del Gobierno de Donald Trump y haberle ofrecido asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli quien enfrenta un proceso por corrupción.
