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La Corte Suprema de Justicia aplazó para el próximo lunes la discusión sobre el régimen legal que deberá hacerse cargo del proceso, por presunta manipulación de testigos, contra el expresidente Álvaro Uribe.
La sala no alcanzó a tomar una decisión porque estudió y aceptó el impedimento que presentó el magistrado Luis Antonio Hernández.
Así las cosas, Hernández no participará de la decisión, porque cuando el proceso se encontraba en la Sala Penal, conoció el expediente e incluso participó en la decisión que vinculó a Uribe a la investigación a través de una indagatoria.
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La discusión que se viene el lunes se centrará en la ocurrencia y fecha de los hechos por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
Dicha investigación contra el expresidente Uribe comenzó en el año 2018, es decir, cuatro años después de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2014.En ese sentido, el proceso podría quedar bajo dicho régimen legal.
Sin embargo, otros analistas y exmagistrados han dicho que el proceso debe permanecer bajo el régimen legal de la Ley 600, por el cual son procesados los funcionarios públicos con fuero constitucional como los congresistas.
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Ese argumento es el mismo que plantea la defensa del senador Iván Cepeda, que es reconocido como víctima en la investigación, dado a que los hechos sucedieron cuando Uribe aún era senador de la República.
En el evento que la Corte deje el proceso bajo la Ley 906, la juez 30 con función de control de garantías seguiría con la competencia del caso y podría entrar a decidir por la petición de libertad que elevó la defensa del expresidente.
De lo contrario, el proceso seguirá en manos de la Fiscalía General de la Nación que entraría a decidir todo lo relacionado con la medida de aseguramiento.
