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El exdirigente departamental entregaría una suma de 800 millones de pesos, aceptaría cargos por ese escándalo de corrupción y pagaría 7 años de cárcel.
Cruz podría gozar de ciertos beneficios por colaborar con las autoridades como un sitio especial de reclusión, argumentando que presenta problemas de salud.
La Fiscalía investiga a Cruz por los delitos cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza.
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La audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra del exgobernador está programada para el próximo 15 de septiembre ante un juez de garantías en donde se espera que se legalice el acuerdo.
Durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y Rehabilitación vial en Bogotá y a concejales de la ciudad que manejaban dicha entidad con el fin de que se favorecieran en la ejecución de los contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, compuesta por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos.
Los dineros según los investigadores representan una suma superior a los 800 millones de pesos.
