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La Corte Constitucional realizó el reparto aleatorio de los 14 decretos expedidos por el gobierno del presidente Iván Duque para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Los decretos quedaron repartidos en cada despacho de los nueve magistrados que integran el Alto Tribunal así: El magistrado José Fernando Reyes será el ponente de dos normas, la que declara el Estado de Emergencia (Decreto 417 de 2020) y el que ordena la reconexión de agua donde se haya suspendido el servicio (Decreto 441 de 2020).
La magistrada Gloria Ortiz deberá proyectar la ponencia del Decreto 434 de 2020, que establece los plazos especiales para renovación de matrícula mercantil, (Runeol) y demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social, (Rues).
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La magistrada Cristina Pardo y el magistrado Alejandro Linares, serán ponentes del decreto sobre exenciones de IVA para productos médicos y clínicos (Decreto 438 de 2020) y sobre medidas de urgencia en contratación Estatal (Decreto 440 de 2020), respectivamente.
La magistrada Diana Fajardo, es ponente del decreto que cerró las fronteras (Decreto 439 de 2020), y el decreto que permite auxilios educativos (Decreto 467 de 2020). El magistrado Carlos Bernal será el ponente del polémico decreto 444 que permite la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, (Fome), y el Decreto 468 de 2020 sobre la autorización de nuevas operaciones de crédito a Findeter y Bancoldex.
El magistrado, Luis Guillermo Guerrero, analizará las Transferencias monetarias para beneficios de los programas Familias en Acción, Protección social al adulto Mayor y Jóvenes en Acción (Decreto 458 de 2020) y el decreto que declara como servicios públicos especiales los servicios de telecomunicaciones (Decreto 464 de 2020).
El magistrado, Alberto Rojas, ponente del Decreto 460 de 2020 medidas para garantizar la prestación del servicio de las comisarías de familia. Mientras que el magistrado Antonio José Lizarazo, será ponente de los decretos que permiten la autorización temporal a gobernadores y alcaldes para reorientación de renta y reducción de tarifa de impuestos (decreto 461 de 2020) y el que levanta la suspensión de términos judiciales (Decreto 469 de 2020).
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El Consejo de Estado también anunció que los decretos que dicten las autoridades locales serán objeto de control administrativo.
“El Consejo de Estado y los tribunales administrativos del país conocerán de los decretos de su competencia que dicten los gobiernos locales y Nacional en el marco del estado de emergencia que fue decretado en el país como respuesta la crisis generada por el covid-19”, señalaron a través de un comunicado.
Añadieron que, “los Tribunales Administrativos de los distintos distritos judiciales del país podrán adelantar el juicio respectivo a los decretos que dicten las autoridades locales por motivo de esta emergencia”.
