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La Corte Suprema de Justicia aceptó la impugnación de la sentencia contra el exministro Diego Palacio, condenado a seis años de prisión por el escándalo de la ‘yidispolítica’.
Ese tribunal revisará la condena impuesta contra el exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por ese escándalo de corrupción.
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La decisión de aceptar esa revisión la tomó el magistrado Fabio Ospitia, quien concluyó que se cumplían todos los requisitos para revisar ese fallo, a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional que favoreció al exministro Andrés Felipe Arias.
Cabe mencionar que la decisión judicial contra el exministro Palacio se dio después de 2014, fecha que la Corte Constitucional estableció como punto de partida para la revisión de condenas de aforados constitucionales para garantizar el derecho de impugnación y de segunda instancia.
Esta petición para revisar la condena se presentó antes de que se cumplieran los seis meses de que se emitiera la sentencia por parte de la Corte Constitucional.
En ese sentido, lo que viene ahora al interior de la Corte Suprema, es que el caso se reparta a una sala especial de tres magistrados como sucedió con la impugnación de la condena del exministro Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS).
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Los magistrados que entren a revisar este caso de Palacio no deben estar impedidos, es decir, no debieron haber participado en la sala que lo condenó.
Este es un recurso al que acude Diego Palacio después de que la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara un incidente de desacato que presentó contra el Tribunal Superior de Bogotá, que debía revisar su solicitud de libertad tras solicitar acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En ese punto, la Corte explicó que se ordenó revisar el caso pero no sobre el sentido del mismo y recordó que el tribunal le negó su libertad al considerar que el delito de cohecho por el cual fue condenado, no tiene relación con el conflicto armado.
El exministro Palacio fue uno de funcionarios condenados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, por ofrecer dádivas para la aprobación en el Congreso de la reelección presidencial en 2004.
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