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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 27 de mayo, impartió una serie de requerimientos relacionados con la protesta social en el país que ya cumple 37 días. Pidieron oír el testimonio del presidente de la República, Iván Duque, o un informe bajo gravedad de juramento en el que justificara las razones que lo condujeron a suscribir un decreto de asistencia militar y a determinar que las Fuerzas Militares prestaran un apoyo temporal a la labor que venían cumpliendo los miembros de la Policía.
"Es entonces menester recordar a la honorable magistrada ponente que no puede indagar al señor presidente de la República sobre sus actuaciones en ejercicio de potestades constitucionales o legales, por cuanto el Tribunal carece de competencia para hacerlo. En efecto, dada la alta investidura y la necesaria autonomía en el ejercicio de sus atribuciones del primer mandatario, únicamente está sometido al escrutinio y juicio de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes y del Senado de la República", le respondió la Presidencia a la magistrada Nelly Villamizar.
El Tribunal también requirió informes de la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sobre las actuaciones que han desplegado por las denuncias, quejas y demás situaciones particulares que se hayan suscitado en las diferentes movilizaciones presentadas desde el pasado 28 de abril, concretamente lo concerniente por los "desmanes protagonizados por los manifestantes o por los grupos infiltrados, como sobre el abuso policial contra aquellos".
A la Policía Nacional le ordenaron informar sobre las actuaciones desplegadas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, los derechos humanos de los manifestantes y el restablecimiento del orden público.
Al alto comisionado para la Paz lo requirieron para informar sobre los avances de la mesa de diálogos con el Comité Nacional del Paro, especialmente, en lo relacionado con el preacuerdo tendiente a garantizar la protesta pacífica.
A la Secretaría de Gobierno de Bogotá le pidieron información sobre las actuaciones de los Gestores de Diálogo y Convivencia.
"Las autoridades requeridas en el informe deberán distinguir si los desmanes contra la vida y bienes de los manifestantes y/o de terceros ajenos a las marchas, los han llevado a cabo los grupos de personas durante el curso de las manifestaciones, y explicar si los mismos ocurrieron durante, o con posterioridad y de qué forma. Especialmente, deberán referirse cómo fue la actuación de la policía durante el desarrollo de cada una de las jornadas de protestas", advierte el documento conocido por La FM.
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