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El 6 de febrero de 2019 el presidente Iván Duque firmó una directiva para modificar y actualizar los manuales de funciones y los requisitos para los cargos directivos de las entidades del ejecutivo. El mandatario estableció un plazo de tres meses a partir de entonces para que se hicieran las modificaciones. En algunos casos esos requisitos fueron reducidos en comparación con las normas existentes desde el 2014.
La línea de tiempo es así: el 27 de febrero el país conoció que la ministra de Trabajo, Alicia Arango, sería ministra de Defensa ad hoc para los asuntos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad por algunos negocios que Botero tenía en el sector y que creaban un conflicto de interés. Una vez Arango se puso al frente se conoció el nombre de Olga Lucía Velásquez, una cuota del partido liberal que finalmente no llegó al cargo porque Arango insistió al presidente Duque en la inconveniencia del nombramiento, argumentando una supuesta relación con el exalcalde condenado Samuel Moreno.
El primer intento no funcionó y por eso el tema quedó, desde la caída del nombramiento de Velásquez, en manos de la ministra del Interior. Rápidamente se conoció el nombre de un nuevo escogido. Se trata de Orlando Clavijo Clavijo, el secretario de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y quien fue congresista. Su hoja de vida fue subida a Presidencia y, como lo reveló La FM, éste se reunió en un café en Bogotá con varios empresarios del sector que vigilará antes de ser posesionado oficialmente.De hecho,uno de los comensales de Clavijo tiene una empresa llamada Seguridad Superior con un largo listado de indagaciones vigentes en la Superintendencia. Clavijo, oriundo de Cundinamarca, igual que Nancy Patricia Gutiérrez, también es cercano de la ministra. En 2015, en la campaña para la Gobernación, la acompañó en la carrera política por el departamento.
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“Nancy Patricia es la mejor propuesta que tenemos para la gobernación de Cundinamarca. Nancy Patricia como mujer, como profesional, es la mejor opción para Cundinamarca porque conoce todos los municipios”, dijo entonces el próximo supervigilancia.
Pero ahora hay un nuevo capítulo en la historia. Tras la directiva de Presidencia para modificar los requisitos y los manuales de funciones, el secretario general del Ministerio, Carlos Alberto Saboyá, emitió una circular general a todos los directivos del sector defensa para acatar la directiva presidencial, incluyendo también al superintendente de Vigilancia actual, Fernando Martínez.
Como el ministro de Defensa estaba impedido y el secretario de la cartera es un subordinado suyo, abogados consultados por La FM argumentaron que esa circular con la orden para modificar los requisitos debió haber sido tramitada por la ministra ad hoc para los asuntos de la Superintendencia y no por el Ministerio. Aunque se trata de un asunto de trámite y de formas, sería una irregularidad con la que el nombramiento de Clavijo podría ser demandado.
El superintendente Martínez expidió una resolución modificando los requisitos y se pasó de exigir carreras profesionales específicas como derecho, economía, administración de empresas, ciencia política, contaduría y una maestría con experiencia de 72 meses o, en el caso de una especialización, experiencia para el cargo de 84 meses con las normas anteriores, a título profesional en cualquier disciplina académica, y experiencia de dos años para cualquier posgrado con la reglamentación actual.
Clavijo es periodista y abogado con una especialización en derecho público según el sistema de información de funcionarios del Estado, pero con las condiciones de la normatividad anterior que exigían experiencia en maestría o especialización de 72 y 84 meses, el actual secretario de la Comisión Séptima no habría tenido los requisitos exigidos.
El Gobierno del presidente Duque se ha caracterizado por llevar personas técnicas a los cargos importantes de la administración. El cargo de superintendente de Vigilancia ha sido el más difícil hasta ahora y todo parece indicar que la oficina la ocupará una ficha de la ministra del Interior cuya independencia ya quedó golpeada por sus reuniones con los empresarios a los que tendrá la función de vigilar y sancionar.
El Ministerio de Defensa respondió a La FM que por tratarse de una directiva presidencial con un plazo de tres meses para ejecutarse era función lógica del secretario general del Ministerio hacer el trámite a todas las entidades, incluyendo la Superintendencia de Vigilancia, aun con el impedimento del ministro.
