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En el marco del acto de “Reconocimiento de responsabilidad sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha”, el comisionado Alejandro Valencia de la Comisión de la Verdad reveló 10 hallazgos sobre el conflicto armado en Colombia que se darán a conocer en el informe final.
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Según dijo en su intervención los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, se exacerbaron durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
También aseguró que fueron crímenes de guerra cometidos bajo el amparo de “una política de Gobierno" que contó con el apoyo de las otras ramas del poder público.
“Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en su periodo de exacerbación en los años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de Gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitaria su efectividad”, señaló la Comisión.
El Comisionado también aseguró que la implementación de los falsos positivos generó la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno a través de las fuerzas militares.
“Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incrementó y se incentivaron graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), a través de un sistema de disposiciones legales y extralegales, nacidas desde el mismo Gobierno implementadas al interior de las fuerzas militares”, señaló el Comisionado.
El comisionado Valencia además destacó que se implementó el sistema de conteo de cuerpos como parte del reporte sobre los buenos resultados operacionales y según dijo esto, se implementó así para “evitar una posible investigación efectiva de esas acciones”.
“Las disposiciones legales fueron aquellas leyes, decretos directivas ministeriales, las circulares y directivas emitidas por las Fuerzas Militares que dieron el marco legal para implementar el sistema de conteo de cuerpos como resultado operacional por excelencia y evitar una posible investigación efectiva de esas acciones”, destacó.
Agregó que, los falsos positivos se institucionalizaron “las disposiciones extralegales de la política se basaron en aquellas órdenes y modos de actuación de las Fuerzas Militares y del Gobierno Nacional, que si bien no se encontraba en escritas en la normatividad en la práctica ocurrieron con grado de frecuencia que da cuenta de su institucionalización”.
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Durante su intervención en el evento al que también acudieron víctimas, afirmó que varios actores del Estado intervinieron en las ejecuciones extrajudiciales.
“Los principales responsables son el Ejército Nacional, sin embargo, la Comisión constató que en estos hechos se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación, responsabilidad y relaciones entre ellos; tales como, los grupos Gaula, la Armada Nacional, el DAS, la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura, empresas multinacionales, grupos paramilitares, entre otros”, dijo finalmente el Comisionado.
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