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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia confirmar el fallo que condenó al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
Sin embargo, solicitó a la Corte modificar el monto de la pena y reducirla porque Arias fue condenado teniendo en cuenta una ley del 2004 que no se mencionó en la acusación que realizó la Fiscalía, lo que produjo “una pena mayor injustificada”, según la Procuraduría.
“Es evidente la vulneración del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia por la discrepancia en la calificación jurídica (…) los tipos penales atribuidos, no fue mencionada en la acusación y si incluida en la sentencia sobrepasando los límites de la función del juzgador”, dice el documento.
La petición se dio en el marco del estudio de impugnación a la condena impuesta en el 2014 por la Sala Penal de ese Alto Tribunal, es decir la revisión de ese fallo en segunda instancia.
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Para la Procuraduría, Arias sí sería culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y del delito de peculado por apropiación.
Según lo que dijo el Ministerio Publico, Arias se habría apoyado en sus subalternos para crear e implementar el programa que supuestamente iba a beneficiar a los campesinos, pero que finalmente los recursos terminaron en manos de grandes terratenientes.
En ese sentido, la entidad recuerda la intervención del entonces ingeniero Carlos Manuel Polo en el programa y advierte que había sido subalterno del exministro en el Incoder y tenía el respaldo del entonces senador Luis Eduardo Vives Lacouture, cuya familia resultó beneficiada con recursos del programa.
“En particular, se logró acreditar que el Grupo empresarial José Francisco Vives Lacouture y el Grupo CI Banapalma S.A, éste último representado legalmente por Álvaro Vives Lacouture, recibieron recursos del AIS bajo la modalidad de recalificación, es decir, que pese a presentar proyectos inviables o no ajustados a los requisitos establecidos en los términos de referencia, luego fueron recalificados favorablemente en procesos de evaluación fraudulentos de los cuales hizo parte el Ingeniero Polo”, dice el documento que entregó la Procuraduría.
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La Sala de tres magistrados conformada por Gerson Chaverra Castro, - como ponente- Fabio Ospitia Garzón y la conjuez Whanda Fernández León deberán decidir sobre la impugnación a la sentencia de Arias.
