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La Procuraduría General le hizo un llamado a los funcionarios y servidores públicos a acatar las decisiones judiciales. Esto en una clara referencia a la decisión emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe Vélez.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que “es imperativo” para todas las Ramas del Poder Público en Colombia acatar y dar cumplimiento a las decisiones que tome a la Rama Judicial. “Ningún servidor público podrá promover o alentar su incumplimiento”.
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Igualmente señala que son los estrados judiciales los escenarios propicios y únicos para adelantar las discusiones y confrontaciones de las decisiones judiciales.
El hecho de atacar o cuestionar una decisión judicial “atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimienta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”.
En este sentido le hizo un llamado para que no generen escenarios de odio ni se aumente la polarización en el país con invitaciones públicas a manifestaciones o acciones de protesta.
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Al mismo tiempo que le solicitó a todos los colombianos “desactivar la pugnacidad y la extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia. A la crisis generada por la pandemia del Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor”.
Frente al proceso del senador Uribe, la Procuraduría indicó que, conforme a las competencias constitucionales que tiene, velará por las garantías procesales y realizará una labor de vigilancia.
“(…) Examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales”, resaltó.
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La Procuraduría General ha designado a un agente especial para que participe en todos los trámites en la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno.
