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Un concepto de la Procuraduría advierte que Medicina Legal no está subordinada a la Fiscalía, aunque sea ésta quien designe a su director.
El documento se conoce días después de la renuncia como director del Instituto, Carlos Valdés, que reconoció errores en las evidencias relacionadas con la muerte del testigo clave del caso Odebrecht, Jorge Pizano.
Ese testigo había revelado antes de morir que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, conocía sobre las irregularidades de la multinacional.
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El concepto fue enviado a la Corte Constitucional en medio del estudio de una demanda impuesta por el abogado Jaime Granados contra la norma que establece que los dictámenes forenses de Medicina Legal son obligatorios para que un juez defina la detención domiciliaria de una persona que alegue grave enfermedad.
El abogado advierte que la norma afecta el derecho a la defensa teniendo en cuenta que la única entidad que puede presentar exámenes forenses está adscrita a la Fiscalía, lo que según el abogado “implica que tiene un grado de subordinación frente al ente acusador”.
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Sin embargo, la Procuraduría señala que aunque el Fiscal participe en la junta directiva del Instituto, no es cierto que la entidad no tenga autonomía. “La participación en la Junta Directiva del Fiscal son formas de control, pero de ninguna manera se trata de formas de interferir la autonomía”.
La Procuraduría puntualizó que el dictamen pericial de Medicina Legal no rompe la igualdad entre las partes procesales, porque la detención domiciliaria por definir no está relacionada con el objeto de la investigación penal.
"En estos casos es el juez quien define si el imputado o acusado debe permanecer en una clínica o un hospital", señaló en un comunicado.
