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La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional considerar la opción de declarar Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sector salud, teniendo en cuenta el aumento del valor de las UPC para el 2025.
"Se estudie la viabilidad de declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional, solicitado por este Despacho el 1 de agosto de 202426 con el fin de restaurar el orden Constitucional en salud y evitar su desastre anunciado por muchos actores", dice el documento.
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El organismo solicitó al tribunal que emita ordenes urgentes para que el Ministerio de Salud corrija "las decisiones equívocas y antitécnicas" para establecer las UPC en este año, con el objetivo de evitar que se agrave la crisis del sector que, según la delegada del organismo, fue generada por el incumplimiento de la cartera a las ordenes emitidas por la corte.
"Se evite con ello, el agravamiento de la crisis generalizada derivada del incumplimiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional", añadió el documento.
La Procuraduría reclama que se haya establecido el 5.36% del aumento de las UPC sin sustento técnico, pues considera que se trató de una decisión política, motivada por la caída de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República con el objetivo de hacer presiones que calificó como insostenibles.
"El incremento de tan solo el 5,36% del valor de la UPC para 202524, al igual que en 2024, se adoptó sin sustento técnico alguno, en una decisión claramente política, como resultado del archivo en el Congreso de la República de la denominada Ley de Financiamiento, y la necesidad de poner presiones insostenibles", añade el organismo.
Finalmente, la delegada solicitó que los magistrados declaren desacato del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no acatar las órdenes judiciales emitidas en el marco del seguimiento de la sentencia que busca evitar una crisis irremediable en el sistema de salud.
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"Dar inicio al trámite de desacato por el evidente incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del Seguimiento a la Sentencia T760-08 con las consecuencias irreversibles para el sistema de salud en materia de garantías a la vida, salud y derechos fundamentales", concluyó la Procuraduría.,
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