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La Procuraduría General de la Nación volvió a negar la petición de anular el proceso contra el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de viviendas fiscales para la escuela de la policía Cenop, ubicada en el Tolima.
La defensa del general Atehortúa había insistido en anular el proceso con el argumento de que el procurador de la Sala Disciplinaria, Jorge Enrique Sanjuan, no era competente para adelantar el caso.
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Sin embargo el procurador delegado, leyendo normas y leyes, dijo que sí tiene la competencia porque, aunque esa función le corresponde únicamente al Procurador General de la Nación en única instancia, él puede designar esas investigaciones a otras dependencias delegadas.
“La competencia disciplinaria en estricto sentido solo recae en el Procurador General de la Nación, quien la puede delegar (…) el Procurador puede delegar la competencia para conocer en única instancia el proceso, en el Viceprocurador General o en la Sala Disciplinaria exclusivamente”, dijo el procurador de la Sala Disciplinaria.
En una anterior petición, la defensa del general Atehortúa también había pedido anular el caso porque, supuestamente, esa investigación ya se había adelantado y archivado en el 2017, pero la Procuraduría le negó esa petición porque al parecer hay nuevas pruebas para investigar.
Las investigaciones de la Procuraduría tienen que ver con la presunta omisión del general en la revisión de obra de las casas “Entre 26 de diciembre de 2014 y diciembre de 2015 durante la ejecución del contrato”.
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Además, la Procuraduría reprocha que el general Atehortúa no se declaró impedido dentro de un expediente disciplinario que estaba en curso sobre esos hechos y que habría obtenido información del mismo extralimitándose en sus funciones y habría “utilizado indebidamente su calidad de director para que el Inspector General de la institución no diera curso a una actuación disciplinaria”.
La Procuraduría imputó cuatro cargos al general relacionadas a aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias por estos hechos, cuando ocupó el cargo en la Inspección General, supuestas extralimitaciones de funciones y tráfico de influencias en su cargo de director.
