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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por las presuntas irregularidades en el manejo de los dineros destinados al posconflicto para analizar uno a uno los contratos del Fondo Colombia en Paz.
El procurador Fernando Carrillo dijo que el objetivo de la indagación es “establecer si existe una alteración de honorarios, ineficacia o ineficiencia en el manejo de los recursos”.
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Advirtió que el país no se puede dar el lujo de que “colapse el proceso de paz, por la mala administración de recursos a la hora de su puesta en marcha”, debido a que organizaciones internaciones tienen sus ojos puestos en los Acuerdos.
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“Lo que es claro, y el país tiene que saber, es que todos estos son fondos públicos, aquí no hay dineros vedados a los controles en Colombia, incluso los que tienen que ver con la puesta en marcha de la paz”, señaló.
En la Fiscalía reposan más de 2.000 horas de grabación que serían pruebas de conductas eventualmente delictivas y que darían cuenta de un grupo de intermediarios que cobraban a cambio de obtener algunos de esos contratos.
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Al respecto, ha trascendido que dentro de las líneas de investigación de la Procuraduría está establecer potenciales conflictos de interés entre algunas funcionarias y las contrataciones que se habrían hecho con allegados suyos.
Entre los nombres que aparecen bajo la lupa del Ministerio Público están los de Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz y Wendy Arenas, asesora de la alta consejería para el posconflicto.
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Por ahora no existen hallazgos específicos de corrupción que comprometan las conductas de las funcionarias, pero la Procuraduría está averiguando por ellas y por varios servidores públicos más para analizar si hubo o no faltas disciplinarias.
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