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Los patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General dentro del proceso penal que se les adelanta por el asesinato de Javier Ordóñez registrado el pasado 9 de septiembre en Bogotá.
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La audiencia de imputación de cargos se hizo de manera reservada puesto que se iban a presentar otras pruebas que podrían afectar la investigación contra otros uniformados por la muerte del hombre de 42 años.
El ente investigador les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura, señalando que los dos patrulleros detuvieron, golpearon y atacaron en repetidas oportunidades con una pistola eléctrica a Ordóñez cuando se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la calle.
Pese a las súplicas del estudiante de Derecho para que lo soltaran y los llamados de auxilio de los vecinos que grababan los hechos, los uniformados siguieron golpeando a Ordóñez.
Acto seguido lo subieron a una patrulla y lo trasladaron hasta el CAI de Villa Luz en la localidad de Engativá en la madrugada del 9 de septiembre. Sin embargo, pocas horas después tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico donde falleció.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que la defensa de los dos patrulleros planteará nuevamente un conflicto de competencias argumentando que el caso debe pasar a la Justicia Penal Militar puesto que los hechos investigados hacen parte de los actos de servicio.
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Debido a esto, la funcionaria judicial deberá tomar una decisión de fondo sobre esta solicitud. De negarla, lo más probable es que los defensores presenten recurso de apelación la cual tendrá que ser resuelta por el Consejo Superior de la Judicatura.
La Fiscalía General le solicitará a la jueza 29 de control de garantías de Bogotá que cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos policías.
