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La FM pudo establecer que la Procuraduría General de la Nación tiene lista una sanción de inhabilidad de hasta 18 años contra Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, y Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol de esa multinacional.
La sanción de inhabilidad anunciada por el saliente procurador Fernando Carrillo y que anticipa RCN Radio, se da por el escándalo de sobornos de la multinacional brasilera en el país para quedarse con contratos de obras viales de manera fraudulenta.
La investigación disciplinaria contra estos directivos de la multinacional brasilera, tomó vuelo con una formulación de cargos disciplinarios que se dio a conocer en el 2019 por presunta falsedad en documento público.
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Los cargos disciplinarios tienen que ver con la presunta autorización de un millonario pago por 9.400 millones de pesos a la Sociedad Profesionales de Bolsa S.A.
En la citación al juicio disciplinario, la Procuraduría advirtió que en el 2014 Ferracuti le habría informado a la compañía Profesionales de Bolsa S.A. que aceptaba una oferta mercantil para la prestación de servicios de asesoría financiera y banca de inversión.
Esto condujo a la firma de un contrato falso por una millonaria suma de dinero, según advirtió en su momento la Procuraduría.
Según la Procuraduría esos pagos se habrían realizado a través de cuatro facturas: “con cargo a recursos públicos consignados en patrimonio autónomo constituido para la ejecución del Contrato Estatal de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S”.
En el caso de Martorelli, la Procuraduría informó en el pliego de cargos, que habría sido cómplice de falsificar el acta de la junta directiva de la Concesionaria para supuestamente, facilitar la autorización de Ferracuti sobre el contrato con la firma Profesionales de Bolsa.
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Fuentes de la Procuraduría señalaron que esta sanción rompe la línea de que los privados o particulares que abusen de dineros públicos no pueden ser investigados por la Procuraduría o sancionados disciplinariamente.
