La FM en Google News
La familia tiene 8 integrantes en total. Escaparon de Venezuela porque les era imposible la vida en ese país y vieron en Colombia una oportunidad para tener una mejor vida por los programas de atención humanitaria. Una mujer y su esposo con seis hijos comenzaron un viaje inclemente para atravesar la frontera y, una vez la frontera, el nuevo país al que llegaban.
Así terminaron en Nariño. El padre de familia consiguió un trabajo como electricista para pagar un arriendo en una vivienda de condiciones muy precarias. El salario mensual era de alrededor de 250.000 pesos para vivir; pagar el alquiler, y alimentar a sus hijos y a sí mismos.
El hijo mayor, que para entonces tenía 8 años, comenzó a deambular por las calles de Ipiales. No tenía acceso a la educación, ni a la salud y tampoco podía ser niño. Su vida se convirtió en la calle.
Por eso, la Policía lo encontró una noche a las 12 de la mañana y lo llevó hasta el hogar de sus padres. Por consejo de los patrulleros de infancia y adolescencia, la familia decidió solicitar la asesoría de un defensor de familia para tener algún apoyo del Estado. El defensor inició el proceso para el restablecimiento de derechos y así, Daniel, no es su nombre real, terminó en un hogar operador del ICBF en esa ciudad para restablecer sus derechos. El contratista es Aldeas Infantiles y en ese lugar en donde se suponía que el Estado le ofrecería derechos fundamentales a un menor, comenzó su otra tragedia.
El niño pasó del control de su familia al del hogar Aldeas Infantiles en Nariño. Pero se quejó de golpes y maltrato por el uso de agua fría y ortiga y el defensor de familia que tenía su caso le dio la razón y lo regresó a su núcleo familiar.
“Según el informe del equipo interdisciplinario se advierte que se observan dificultades en torno al establecimiento de normas y límites en el hogar sustituto, en donde la madre sustituta asumía castigos físicos como nalgadas, baño de agua fría, ortiga, mismos que se constituyen en una forma de violencia física, también se aprecia violencia psicológica, en donde se culpabilizaba constantemente al niño sobre sus conductas y las consecuencias, al punto de disminuir la seguridad personal del niño”.
Lamentablemente, Daniel (nombre falso) no pudo continuar con su familia porque volvió a tener problemas de deambulación pues no se encontraba en el colegio. Sus padres trabajaban todo el día y su vida se presentaba entre el cuidado de todos sus hermanos y la soledad por la ausencia de sus padres.
De nuevo, el defensor de familia eligió entonces volver a iniciar un proceso de restablecimiento de derechos y esta vez fue ubicado en otro hogar operador del ICBF, pero del mismo contratista; Aldeas Infantiles.
Allí, la vida de Daniel, un niño venezolano que vivió la tragedia de la emigración de su país; que aprendió a caminar kilómetros al sol; que sufrió la xenofobia y tuvo que convertirse en padre de sus hermanos muy pronto sin poder escoger, vivió ahora la tragedia del abuso sexual.
Una tarde una de las cuidadoras del hogar que opera con recursos públicos encontró a Daniel y a otro menor en el baño. Esta emisora publica solo los hechos absolutamente necesarios para no revictimizar al menor y cuidar su integridad.
La cuidadora narró los hechos de la siguiente manera ante las autoridades.
“El 18 de junio de 2020, siendo las 2:30 de la tarde yo estaba en ese momento entregando turno a mi compañera, le estaba diciendo las recomendaciones para el turno, y luego me fui a despedir de los niños y me fui al cuarto o despedirme de ellos, cuando llegue o uno de los cuartos no encontré al más pequeño, entonces me fui a ver el cuarto y tampoco estaba, de ahí como al lado queda el baño, al pasar escuché un ruido dentro del baño entonces me agaché a mirar a ver si se veía los pies de alguien que se encontraba haciendo sus necesidades en el sanitario, entonces no vi a nadie pero sentí que había dos personas en la ducha porque escuchaba al niño más pequeño. Entonces ya lo distinguí, me subí al mesón del lavamanos para ver quienes estaban adentro o que estaban haciendo, entonces ahí fue cuando yo miré a quien estaba de pie y el otro niño estaba agachado”, dice la denuncia.
De acuerdo a los dictámenes médicos, Daniel fue abusado sexualmente por un compañero suyo de 15 años que hoy se encuentra en un centro de reclusión de menores, tras aceptar la responsabilidad. Cuando los expertos realizaron el protocolo y le preguntaron al menor venezolano qué había ocurrido, él respondió “me dijo que si no lo hacía me iba a dar una puñalada en el corazón”.
Daniel tenía nueve años y con esa edad tuvo que dejar su país y aguantar un abuso sexual en un hogar que funciona para proteger la integridad de los niños y niñas y garantizar su dignidad. Eso no ocurrió.
Dos años después de ese episodio el menor continúa desprotegido. Hay una denuncia vigente y una demanda que busca reclamar una indemnización para reparar a la víctima. Pero hasta ahora esto no ha sucedido. El operador Aldeas Infantiles continúa hoy prestando sus servicios al Bienestar Familiar en Nariño sin que haya habido lugar a sanciones por lo que podría ser una omisión. En el momento del caso tampoco se ejecutó una póliza excontractual de responsabilidad que pudo haber reparado a la víctima y su familia.
La FM le consultó directamente al Bienestar Familiar por el caso puntual.
La entidad contestó que desde el momento de la denuncia se activó una ruta con el sector salud, se presentó una denuncia ante la Fiscalía y se remitió al presunto agresor al sistema de responsabilidad penal adolescente. También se inició un proceso sancionatorio contractual y en 2021 se reintegró al menor a su familia.
¿Qué responde Aldeas Infantiles?
Luego de que La FM buscó hace varios días a la empresa Aldeas Infantiles, esta respondió a través de un comunicado:
1. Se actuó en el marco de lo que la ley colombiana indica, velando siempre por el interés superior del niño, de ahí que hace dos años hayamos activado la ruta de protección inmediatamente. Desde entonces hemos estado dispuestos a brindar información y actuar en los escenarios que el Estado determine.
2. Ningún colaborador de nuestra organización estuvo involucrado en los hechos y, por el contrario, el equipo a cargo de la atención actuó de forma inmediata bajo los procedimientos y protocolos propios y los contemplados en la legislación colombiana.
Vea aquí: Los subsidios del Gobierno no llegan sino al 15 % de los hogares de bajos ingresos: La Ocde
3. Los dos menores de edad involucrados en los hechos son sujetos de protección especial, por tal razón les prestamos apoyo psicosocial para mitigar las posibles consecuencias que esta situación pudiera generar, esto mientras estuvimos vinculados a su atención. Para el caso del niño presuntamente responsable, el proceso de responsabilidad penal adolescente aún está en curso.
4. Respecto a lo mencionado sobre los antecedentes de cuidado del niño y situaciones de maltrato, la atención no se prestaba bajo el cuidado directo de la organización y, una vez identificado el riesgo, se reportaron al ICBF los hechos, lo que generó el cierre de ese hogar sustituto.
5. Nuestro compromiso con la niñez y las familias va más allá del acuerdo institucional con el Estado, por eso, luego de los hechos la organización contrató una profesional exclusivamente para brindar acompañamiento al niño y a su familia. Este apoyo se brindó hasta que la autoridad competente lo vio pertinente.
6. Desde el inicio de la crisis migratoria se ha trabajado para garantizar los derechos de los niños, niñas y familias migrantes, reconociendo la vulnerabilidad que enfrenta la niñez y sus familias tanto en su tránsito o en su decisión de permanencia en el país. Por eso desplegamos nuestra capacidad técnica, operativa y financiera para atender esta población, más allá de la respuesta institucional.
