Musa Besaile se acogió a sentencia anticipada y aceptó vínculos con paramilitares

El exsenador Musa Besaile Fayad se acogió a sentencia anticipada y aceptó los cargos formulados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. 

El excongresista será condenado por concierto para delinquir, en el marco del proceso que se adelanta por supuestos nexos con grupos paramilitares en el departamento de Córdoba. 

Leer también: Determinaron que alias Otoniel no podrá ingresar a la JEP

La teoría del caso indica que Besaile habría negociado con integrantes del Bloque Córdoba de las extintas AUC, liderado por Salvatore Mancuso, para obtener apoyo y así llegar a la Cámara de Representantes en el 2002. Según la investigación, la negociación llegó a tal punto que hasta habría influido para entregar dos secretarias del departamento a personas cercadas al excomandante paramilitar. 

Musa Besaile se había acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero finalmente la Sección de Apelación decidió devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia, tras considerar que el exsenador no hizo aportes efectivos a la verdad e incumplió con los compromisos para seguir siendo juzgado por la justicia transicional. 

En el expediente de este caso, la Corte especifica que según la investigación, el excongresista habría sostenido varias reuniones con los cabecillas del grupo paramilitar para concertar coaliciones políticas que permitieran a Besaile acceder al congreso. 

Le puede interesar: JEP concedió la amnistía a exFarc por secuestro de militares en 2013

El exsenador también es investigado por participar en escándalos de corrupción como el conocido 'cartel de la hemofilia', en el que fueron desviados recursos destinados para mejorar el sistema de salud en beneficio de las familias con menos recursos para financiar la candidatura a la Gobernación de Edwin Besayle, hermano del excongresista. 

Además, es señalado de participar en el caso de corrupción judicial del 'cartel de la toga', en el que se pagaron sobornos a altos funcionarios judiciales para cambiar el curso de procesos.