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La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado (Milvíctimas), el pasado 4 de abril de 2019, le entregó a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe detallado que pone en evidencia las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y afectaciones causadas por artefactos explosivos improvisados colocados por las extintas Farc durante el conflicto armado.
Sobre este informe, las víctimas esperaban ser tenidos en cuenta en la JEP y dos años después continúan a la espera de la apertura del macro caso que priorice estos hechos, además reclaman por verdad, justicia y reparación en esa jurisdicción.
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De acuerdo con la Corporación Milvíctimas, el país ha sido testigo de fatídicas escenas, en las que por el uso de minas antipersonal, miles de colombianos entre civiles y uniformados han comprometido su integridad, dejando secuelas físicas y psicológicas permanentes, amputaciones, muertes y terror en la población.
Según información del Alto Comisionado para la Paz, desde 1990 al 2019 (fecha de presentación del informe en la JEP), 7.180 miembros del Ejército Nacional habrían caído en estas trampas mortales, dejando heridos a 5.736 y 1.444 asesinados.
En ese sentido, datos de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de 9.157 investigaciones relacionadas con el empleo de minas en nuestro país.
De acuerdo con 'Milvíctimas', en el informe entregado a la JEP hay evidencias de hechos de afectación a la población civil por la utilización de estos artefactos explosivos, uno de ellos fue la activación de un campo minado en el Caquetá por parte de la temida columna móvil Teófilo Forero al paso de una comisión del ICBF en 2008, que dejó dos civiles muertos.
"También el asesinato de dos menores en Nariño, por la activación de estos explosivos en el año 2014 y la instalación de un campo minado en cercanías a una escuela al sur del Tolima por parte del Comando Conjunto Central de las Farc en el 2015. Estos entre muchos otros casos, son recogidos en el informe que muestra en detalle la práctica perversa que viola el principio de distinción, base del DIH, así como también el Principio de Limitación, utilizando métodos y medios que no eran permitidos por el Derecho de la Haya", aseguró la corporación a través de un comunicado.
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Los militares víctimas de estas minas continúan a la espera de la apertura de este macro caso que los priorice, además buscan proteger los derechos de las víctimas y generar garantías de no repetición de estos hechos.
"El reconocimiento y la participación de las víctimas de minas en la Justicia Transicional es un paso pendiente en el camino de reconciliación y reparación de la sociedad colombiana, que reclama escuchar a quienes padecieron de los más crueles vejámenes de la guerra", concluyó la Corporación Milvíctimas.
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