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15 Oct 2017 10:36 AM

Medicina Legal: disparos contra campesinos en Tumaco son de armas similares a las de Fuerza Pública

El Instituto de Medicina Legal indicó que ya se entregó el informe de balística al CTI de la Fiscalía, en relación con la tragedia de Tumaco, ocurrida el pasado 05 de octubre.
La
Fm

Dicho informe advierte que el calibre de los proyectiles coincide con los encontrados en los cuerpos de las víctimas, es decir que se trata de balas 5.56, similar al utilizado por las armas de alta velocidad que porta la Policía.

Los peritos en balística determinaron que los disparos fueron hechos a corta distancia y que corresponden al tipo de armamento utilizado por la Fuerza Pública.

La trayectoria de los impactos, al parecer, provienen de abajo hacia arriba. Sin embargo, en la escena del crimen, los peritos forenses y testigos de los hechos indicaron que los disparos provenían de la zona montañosa de Tumaco.

Por estos hechos perdieron la vida de varios civiles y ahora la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Cabe anotar que la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses de Juan Camilo Jiménez, comandante de la compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación, y del intendente Didier Grajales, comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios, quienes estaban al mando al momento en que una comisión de organizaciones no gubernamentales fue atacada.

Los hechos ocurrieron después de la muerte de varios campesinos en Tumaco, en medio de operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

A la investigación que adelanta el Ministerio Publico fueron vinculados otros 36 miembros de la Policía y 14 miembros del Ejército.

Entre los vinculados están el capitán Camilo Andrés González Cano, y los patrulleros Anderson Estiven Sánchez Castillo y Brian David Palma Restrepo, miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación.

La comisión atacada era conformada por miembros de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, autoridades departamentales y periodistas, quienes fueron víctimas de hostigamientos con bombas de aturdimiento y granadas de humo.

Frente a los hechos del 5 de octubre, donde murieron varias personas y otras 20 resultaron heridas, la Procuraduría vinculó a la investigación, en la que ya fue ordenada la suspensión de cuatro policías, a otros 36 uniformados y 14 miembros del Ejército.