Magistrado Alberto Rojas pide claridad sobre su periodo en la Corte Constitucional

La petición radica en conocer la fecha en la cual debe irse de la corporación.
Magistrado Alberto Rojas Ríos
Magistrado Alberto Rojas Ríos Crédito: Colprensa

El magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, solicitó al Consejo de Estado claridad sobre la fecha en la cual debe dejar su puesto en la corporación.

En una carta enviada a la presidente del Consejo de Estado, Marta Velásquez, el magistrado señala que desea saber si su periodo quedó reducido a siete años y dos meses o debe culminar el periodo individual de ocho años para cada magistrado.

La razón de la petición es porque Rojas estuvo separado del cargo, entre el 25 de julio de 2014 y el 15 de mayo de 2015, por cuenta de una sentencia que declaró la nulidad de su elección.

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Rojas fue elegido el 10 de abril de 2013 por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional para un periodo de ocho años, después de ser ternado por el Consejo de Estado.

Pero el 25 de junio de 2014, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección porque supuestamente hubo irregularidades a la hora de conformar la terna en esa corporación.

Sin embargo, esa decisión se cayó después del fallo de una tutela el 11 de mayo de 2015, que ordenó el reintegro inmediato de Rojas a la Corte Constitucional.

“El 15 de mayo de 2015 me reintegré efectivamente a mis funciones como Magistrado, luego de haberse interrumpido mi período durante nueve (9) meses y veinte (20) días, en cumplimiento estricto de la decisión judicial que declaró la nulidad de mi elección”, señaló Rojas en la carta enviada al Consejo de Estado.

El magistrado también explicó que su periodo “debió transcurrir entonces, en principio, entre el 2 de mayo de 2013 y el 2 de mayo de 2021” si se tuviera en cuenta el periodo de suspensión.

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La petición del magistrado se da porque, si se definiera por parte del Consejo de Estado que no se debe tener en cuenta esa suspensión, Rojas se mantendría en la Corte hasta el 22 de febrero de 2022.

Sobre ese mismo punto, el Gobierno pidió al Consejo de Estado un concepto que al parecer ya se resolvió, pero está en reserva para el público.


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