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La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares, anunció que, antes de finalizar este semestre, se conocerá la primera resolución de conclusiones sobre los hechos ocurridos dentro del conflicto y que son objeto de análisis por parte de este tribunal especial.
"Esperamos que antes de finalizar el primer semestre de este año se conozca, al menos, una resolución de conclusión", dijo.
Sería la primera condena en el marco de los siete macro casos que estudia la JEP sobre secuestro, ejecuciones extrajudiciales, sobre los hechos de violencia ocurridos en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), efectos del conflicto en municipios como Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y reclutamiento forzado de menores, entre otros.
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También manifestó que el rearme de los exjefes de las Farc, Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, entre otros, fue uno de los desafíos que tuvo que afrontar ese tribunal especial durante 2019.
La magistrada aseguró que el regreso de varios exjefes de la extinta guerrilla de las Farc al conflicto, "fue una traición a las víctimas y al dolor que les causaron".
"El rearme anunciado por una docena de antiguos miembros de las Farc, entre ellos dos de los principales negociadores del acuerdo de paz, fue un desafío; situación que no dudamos en calificar como una traición a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional y que sorteamos en el menor tiempo posible, acudiendo a los instrumentos jurídicos que nos brinda el marco normativo que nos rige, procediendo a su expulsión, en tanto que se erigieron como desertores manifiestos del proceso", indicó la magistrada Linares.
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Linares también reconoció que al interior de la jurisdicción se registraron hechos de corrupción, que afectaron el desarrollo de la implementación de cada una de las funciones.
"Hechos aislados de corrupción también interfirieron en el complejo proceso de implementación de la jurisdicción, los cuales hemos afrontando adoptando medidas orientadas a garantizar los filtros necesarios para evitar que personas motivadas por intereses ilícitos afecten el cabal cumplimiento de nuestro mandato, poniendo a disposición de las autoridades competentes toda la información y los recursos de los que disponemos para que las investigaciones avancen en debida forma", indicó.
Cabe recordar que la Justicia Especial para la Paz fue salpicada por el escándalo de la captura del exfiscal de esa jurisdicción, Carlos Bermeo, en el momento en el que recibía el pago de un soborno de 40 mil dólares por interferir y negar el proceso de extradición del reincidente Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich'.
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Balance de comparecencias
Durante la presentación del balance luego de dos años de funcionamiento de la JEP, la magistrada Linares resaltó las 256 versiones presenciales y 43 escritas, que hicieron los comparecientes en desarrollo de los siete macro casos que abrió el tribunal para avanzar en el esclarecimiento de la verdad, sobre lo ocurrido dentro del conflicto armado.
"Se sometieron a la JEP 12.235 personas entre ellas 9.720 integrantes de las Farc, 2.431 de la fuerza pública, 72 agentes del Estado y 12 por protesta social", precisó.
En las 82 audiencias que se realizaron, 429 personas rindieron versiones individuales; se presentaron en total 249 informes de parte de las organizaciones de víctimas e instituciones del Estado.
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"El avance de los macrocasos que se han abierto que a la fecha son siete que convocan a miles de víctimas, comparecientes y cientos de informes de toda clase, académicos, institucionales de las víctimas", dijo Linares.
Objeciones presidenciales
Señaló que las objeciones presidenciales se dieron en el marco de un debate amplio y democrático que permitió avanzar hacia la sanción de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz que dio vía libre al cumplimiento de las funciones del tribunal especial.
"Estuvimos casi un año sin la norma fundamental de cualquier jurisdicción que es la norma estatutaria; hemos trabajado 24 horas al día para recuperar el tiempo y entregar los resultados que permiten demostrar el avance", agregó.
"Cómo jueces se nos impone el cumplimiento de la constitución y la ley, estamos tratando de acelerar al máximo pero siempre imponiendo el rigor jurídico", dijo.
