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En el documento de 45 páginas la Sala Penal de la Corte Suprema hizo serios reparos a la forma en cómo se tramitó el acuerdo, el cual tenía como objetivo cesar la persecución penal por tres delitos en contra del exmandatario a cambio de que se convirtiera en testigo en los procesos por corrupción en el departamento.
La Corte cuestionó que no se tuvo en cuenta como víctima, desde un principio, a la Gobernación del Departamento y sí a la Contraloría General de la República, pese a que el primero tenía toda la condición para participar en el debate.
En este sentido se advierte que la Gobernación tenía una participación directa en el manejo de regalías, recursos que fueron dilapidados durante la administración de Lyons Muskus entre los años 2012 a 2015.
“Aunque la titularidad de los recursos provenientes de las regalías es del Estado, resulta innegable que por mandato de la Constitución la Gobernación es un beneficiario directo”, precisa uno de los apartes de la decisión conocida por LA FM.
En la sentencia se leen una serie de cuestionamientos a dicho acuerdo:
– Si la suma lícitamente apropiada por el procesado Alejandro Lyons fue de $8.950.000.000 ¿por qué se aceptó la devolución únicamente de $4.000.000.000?
– Si se tiene conocimiento del destino de los $4.950.000.000 restantes, ¿por qué no se exige también su devolución?
– ¿Por qué se estableció un término de dos años y medio para hacer efectiva la devolución de los $4.000.000.000?
– ¿Cómo se llevará a cabo la entrega del dinero que el procesado (Alejandro Lyons) se obligó a entregar?
Por dicha sentencia el 14 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá volvió a realizar la audiencia teniendo en cuenta como victima la Gobernación de Córdoba. En dicha diligencia la Fiscalía reiteró que Lyons solo se comprometió a entregar $4.000.000.000 “y se obligó a suministrar información y colaboración eficaz para recobrar los 4.950.000.000 restantes”
La Fiscalía además señaló que “el dinero se devolverá a la víctima que finalmente termine reconocida en el proceso con la que se acordará la forma de distribución”.
Con respecto al tiempo de cárcel a pagar, el ente acusador respondió que había sido “un tema de negociación”.
