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RCN Radio conoció el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado que condenó a la Nación por el atentado al Club El Nogal registrado el 7 de febrero de 2003.
El alto tribunal determinó que los organismos de seguridad, incluida la Fiscalía y el DAS, bajaron la guardia y permitieron el transporte e ingreso de 200 kilos de explosivos en un vehículo al Club.
La cúpula de las Farc presentó al comandante de la columna Teófilo Forero, alias ‘El Paisa’, el plan para el ataque. Jhon Fredy Arellán Zúñiga, entonces instructor y jugador profesional de Squash, fue clave en el plan puesto que tenía facilidad para ingresar al Nogal.
El 7 de febrero a las 7:30 de la noche explotó el carro bomba, causando la muerte de 36 personas y lesionando a otras 158. Las pruebas demostraron que Oswaldo Arellán, familiar de Fredy Arellan ingresó al club El Nogal con un carné provisional falsificado.
Tanto él como Jhon Arellán y Fernando Arellan, confeso exguerrillero, ingresaron al club percatándose que la seguridad era precaria. “No verificaban si una persona con carné provisional en realidad era socio. Bastaba presentar el documento de identidad, con el fin de corroborar que el hombre coincidiera con dicho carné para obtener el ingreso”.
Se comprobó que, previo al ataque, un informante de los organismos del Estado le había comunicado a la Fiscalía la inminencia de la ejecución de plan terrorista.
El 23 de diciembre de 2002, las Farc emitieron un comunicado público en el que sindicaban a los establecimientos ubicados en el norte de Bogotá de estar relacionados con paramilitares, entre ellos el Club.
También se comprobó que el Gobierno conocía de las acciones terroristas en la capital. “El 7 de agosto de 2002, fecha en la que se posesionó el presidente Uribe y sus ministros (Fernando) Londoño Hoyos y (Marta Lucía) Ramírez, sucedieron ataques que alertaron sobre el orden público en la capital”.
La sentencia indica que Londoño Hoyos había sido presidente del Club, y que algunos empleados conocían que la entonces ministra de Defensa, Marta Lucia Ramírez "se había hospedado muchos días en una habitación del hotel".
Para el Consejo de Estado, el atentado pudo evitarse. “Conocida la permanente ejecución de atentados en la ciudad de Bogotá y decretado el estado de conmoción interior era de esperarse la actuación de las autoridades públicas conforme los deberes de cautela y precaución ameritaban”.
La sentencia añade que “era de esperarse la adopción de cautelas superiores a las utilizadas en las sedes de los ministerios e incluso en la Casa de Nariño para socios y visitantes”.
