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A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, confirmó la denuncia formal contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez argumentando su decisión en unas declaraciones de unos exfuncionarios de la Fiscalía.
Cepeda se sustentó en una columna del periodista Daniel Coronell donde asegura que "dos exfuncionarios de la Fiscalía habrían participado en presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales que el exfiscal Martínez habría ordenado" en su contra.
La denuncia también se refiere a interceptaciones ilegales contra el entonces jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, Humberto de la Calle, del exministro Álvaro Leyva, de los asesores jurídicos de las Farc, abogados Enrique Santiago y Diego Martínez, y de la exsenadora Piedad Córdoba.
Cepeda también habla de una información publicada por la periodista María Jimena Duzán, en la que se suministran nuevos datos sobre esa presunta acción ilegal.
Ante esas informaciones periodísticas que indicaban que la Fiscalía venía adelantando una investigación en la que se presumiría que Cepeda estaría buscando la no extradición de miembros de organizaciones criminales al amparo de las normas de implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc, el senador dirigió un derecho de petición al entonces fiscal preguntando si se adelantaba alguna clase de indagación contra él, a lo que este respondió: “No es cierto que exista investigación alguna".
Pese a ello, Cepeda manifestó que esos dos exfuncionarios de la Fiscalía, Fabio Augusto Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, sostienen que al parecer el exfiscal Martínez no solo ordenó las interceptaciones, sino que ordenó vigilancias y seguimientos dentro y fuera del país, y recibía informes sobre los resultados de esas actividades ilícitas a través del brigadier general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Cepeda expresó que los dos exfuncionarios pueden corroborar estos hechos, mediante pruebas testimoniales y documentales, e igualmente solicitaron ser escuchados en declaración.
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"Los presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales, en mi caso en particular, se habrían llevado a cabo sin orden judicial, por cuanto por mi fuero constitucional solamente se hubieran podido realizar por orden de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo pautado en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política", agregó Cepeda.
La denuncia se presentó por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Cepeda solicitó ser reconocido dentro de las investigaciones, como parte civil, en calidad de víctima.
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