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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fue reconocida como víctima dentro del proceso penal que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador Plinio Olano Becerra por su presunta participación en los hechos que rodearon el envío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema aceptó la petición presentada por la apoderada de la ANI al considerar que las acciones por las que es investigado el excongresista del Partido de ‘La U’ provocaron un “Perjuicio extrapatrimonial” relacionado con la mala imagen y la publicidad negativa nacional e internacional.
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En la solicitud de reconocimiento de parte civil, la Agencia argumentó que sus pretensiones que están orientadas exclusivamente “a obtener la realización de la justicia y la búsqueda de la verdad, obteniendo una reparación simbólica como medida de resarcimiento de los derechos vulnerados y garantía de no repetición, dejando de lado cualquier pretensión de naturaleza patrimonial”.
En este sentido reseñaron que la medida de reparación simbólica tiene como único objetivo que de ser hallado responsable, el exsenador Olano Becerra realice un acto de “contrición y reconocimiento de las conductas cometidas, además pida excusas públicas al país y especialmente, a la Agencia Nacional de Infraestructura por los daños sufridos a consecuencia del injusto.
Dicho perdón deberá realizarse en los principales medios de comunicación del país en el horario Prime Time.
La Corte Suprema asegura que este tipo de “reparación” es avalada por la ley, recordando que no siempre tiene que ser simbólica puesto que en algunos casos el único interés es el esclarecimiento de la verdad y la obtención de justicia.
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Olano Becerra es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio. En la acusación se indicó que habría sido pieza fundamental del plan presentado por la empresa Odebrecht para recibir millonarios contratos viales en el país a cambio de comisiones.
El exsenador, utilizando sus influencias y poder en el Congreso, se habría reunido con un grupo de parlamentarios con el fin de que se avalara la entrega de un otrosí al contrato de la Ruta del Sol II el cual ya se le había adjudicado a la multinacional en el 2009 en una polémica licitación realizada por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco).
Para la entrega directa de este otrosí, sin la necesidad de licitación pública, Odebrecht habría pagado 4,6 millones de dólares. Este dinero fue repartido entre los congresistas que avalaron la adición al contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en Norte de Santander. Fue así como la Agencia Nacional de Infraestructura autorizó en 2012 esta adición.
El exsenador se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. En diferentes oportunidades ha manifestado que es inocente. Por estos hechos de corrupción el Consejo de Estado ya le declaró la pérdida de investidura.
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