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El Consejo de Estado condenó a la Nación por el uso de la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. El fallo no tiene que ver con alguna afectación en la salud de la población, sino con la afectación de unos cultivos de hojas medicinales en el municipio de Guapi, en el Cauca.
La historia tiene que ver con un campesino, que perdió todo su sustento de trabajó después de que, durante las aspersiones con el herbicida, se vieron afectados sus cultivos de frutas y plantas medicinales.
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Según la demanda que interpuso el campesino, la Nación nunca le consultó sobre la afectación que podría llegar a tener en medio de las aspersiones, al vivir cerca de los cultivos de coca de esa región.
El alto tribunal señaló en la sentencia que cuando se “crea un riesgo con la ejecución de una actividad lícita, se debe reparar los daños antijurídicos que cause sin que sea necesario acreditar que incumplió con los deberes de cuidado que le eran exigibles”.
En la decisión, el Consejo de Estado determinó un periodo de tres meses con el fin de que el campesino aporte las pruebas pertinentes para establecer cuánto debe pagar la Nación por los daños generados.
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A mediados de febrero del próximo año, la Corte citará al Estado para hacer un estudio de constitucionalidad sobre el uso del glifosato.
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