El Gobierno busca identificar a los responsables y reforzar la protección del corredor, mientras Invías mantiene la administración de la estación hasta su futura entrega al concesionario.
Lo ocurrido no terminó con la captura del presunto agresor: las dificultades para denunciar y la decisión judicial posterior alimentaron su preocupación por la impunidad y la reincidencia delictiva.