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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), acreditaron un total de 31 víctimas de los atentados cometidos por las extintas Farc tras el lanzamiento de 14 'rockets' durante la toma de posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante el Congreso de la República, el 7 de agosto de 2002.
Se trata de sobrevivientes y familiares de los afectados por los ataques con 'rockets' que cometió esa antigua guerrilla, algunos de los cuales fueron fueron dirigidos a la Casa de Nariño y otros a la Escuela de Cadetes José María Córdova.
Este atento dejó un saldo de 26 civiles muertos, entre ellos, varios habitantes de calle y cerca de 69 personas heridas.
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De acuerdo con los registrados judiciales, el primero de los artefactos fue lanzado sobre las 9:15 de la mañana y cayo en la Escuela de Cadetes José María Córdova.
Asimismo, alrededor de las 3:15 de la tarde, cuando el expresidente Uribe oficializaba su llegada al poder, miembros los exguerrilleros lanzaron varios 'rockets' más. Uno de esos explosivos cayó en el parqueadero de la Casa de Nariño, otros en el Congreso y en el barrio San Victorino, al igual que en la zona conocida como “El Cartucho”, donde vivían personas en condición de habitantes de calle.
La JEP precisó que para encontrar específicamente a las víctimas de esos atentados, se ordenó inspeccionar las Secretarías de Salud e Integración de la Alcaldía de Bogotá; la Alcaldía local de San Cristóbal y el Batallón de Infantería número 37 ‘Guardia Presidencial’ del Ejército. Además, por orden judicial, se accedió a diferentes bases de datos.
Los magistrados indicaron que entre las víctimas se encuentran Henry Moreno, un reciclador que hoy tiene 69 años, quien perdió una pierna por el ataque y Gerson Castiblanco Corona, quien tenía seis años cuando uno de los 'rockets' cayó en su casa, en el barrio San Fernando.
“Recordó que para recuperarse del accidente le hicieron 50 cirugías y estuvo tres meses en estado de coma. Hoy, después de 22 años, sigue teniendo problemas para caminar”, relató a la JEP.
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A su turno, Diana Milena Ochoa Gavilán, recordó que su hija tenía tres años cuando uno de los artefactos explotó en su casa, en el barrio La Estanzuela, episodio que le ha generado graves secuelas físicas y psicológicas.
“Subí al tercer piso y vi a mi hija encima del marco de una puerta (...) Debajo de ella había dos niñas muertas”, manifestó Diana al testificar que tras este atentado perdió su trabajo, al punto que tuvo que pedir dinero en la calle y luego se dedicó a la venta ambulante de dulces para intentar conseguir dinero para tratamientos médicos.
