JEP lamenta el crimen de gobernadora indígena en el Cauca

Los magistrados de la Jurisdicción Especial de para la Paz (JEP) expresaron su profundo rechazo por el homicidio de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, ocurrido en el municipio de Caldono (Cauca). 

La JEP se solidarizó con su familia por su pérdida y los momentos de angustia y dolor que enfrenta el pueblo nasa por cuenta de este atroz crimen. 

“A los miembros del resguardo indígena La Laguna - Siberia, en el territorio ancestral Sat Tama Kiwe, la violencia les arrebató a una mujer que luchó incansablemente por la verdad y la justicia para la paz, que se opuso, hasta sus últimos días, a la presencia de actores armados en su territorio, que trabajó por fortalecer la cultura y por rescatar los saberes ancestrales de su pueblo”, indicó la JEP.

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Según los magistrados para el pueblo nasa,  las mujeres son uma, es decir, tejedoras de vida. Y, en este caso, cuando ejercen el cargo de autoridad ne´jwexs, son el máximo referente de orientación y portadoras de la palabra mayor en nombre de su pueblo. 

De igual forma, señalaron que Sandra Liliana Peña era una de las 178.217 víctimas acreditadas formalmente ante la JEP. 

Esta líder indígena participó activamente dentro del caso 05 que priorizó la situación territorial y los actos de violencia cometidos en el marco del conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle. 

“La violencia paraliza procesos y fortalece la barrera de acceso a la justicia transicional. Con el asesinato de la gobernadora indígena en Cauca, se afecta directamente el trabajo de la JEP a la hora de llevar justicia, con un enfoque étnico, pero también de género, a estos territorios que históricamente han sufrido la crudeza del conflicto armado”, manifestó la JEP.

Los magistrados agregaron que desde la firma del Acuerdo Final de Paz y hasta el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha identificado 904 líderes sociales asesinados en el país.

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“Cada crimen vulnera sus derechos y los de sus familias, priva a los colombianos de importantes voces de liderazgo, transformación social y compromete la consecución de la paz estable y duradera”,  agregó la JEP.