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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió investigación por los hechos de violencia ocurridos en el país, entre 1986 y el 2016 en el Urabá Antioqueno, Bajo Atrato y en el Darién.
Este es el cuarto caso priorizado en la JEP en el que se incluye:
- Las masacres cometidas por las FARC
- El exterminio de la Unión Patriótica
- Las masacres cometidas por grupos paramilitares y la creación de las cuestionadas Convivir.
-El periodo de la política de Seguridad Democrática durante el Gobierno de Álvaro Uribe y el proceso de Justicia y Paz con los grupos paramilitares.
- El surgimiento de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las denominadas Bacrim.
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“La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de Hechos y Conductas de la JEP avocó conocimiento de los hechos victimizantes relacionados con la situación territorial de la región de Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en el departamento de Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento de Chocó”, precisa el organismo en un comunicado.
Esta investigación involucra 174 comparecientes entre miembros de las Farc y de la Fuerza Pública.
Además, los casos priorizados pueden involucrar a otros agentes del estado, militares y civiles que eventualmente sean mencionados en las declaraciones de quienes ya están sometidos a la JEP.
La Sala de Reconocimiento de la JEP precisó en su comunicación que “tuvo en cuenta la grave situación de derechos humanos ocurrida en esta zona y los efectos que produjo sobre las poblaciones, grupos y personas en los territorios; la participación de presuntos responsables de las Farc-EP y la fuerza pública en el desarrollo de acciones de violencia”.
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La JEP precisa que esas acciones violentas de la guerrilla y los agentes del Estado “se materializaron a través de prácticas, modus operandi y conductas que se replicaron en lugares diferentes y que causaron daños graves a las poblaciones, grupos de personas y sus proyectos de vida, entre ellos, líderes sociales, empresarios, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, campesinos, indígenas y afrocolombianos, entre otros”.
Los otros tres casos que han sido priorizados por la JEP hasta ahora son: los denominados Falsos Positivos, los hechos ocurridos en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño) y los secuestros cometidos por las Farc.
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