Investigan a director del Sena por presuntas irregularidades en contratos de servicios tecnológicos

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra el director general del Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, junto con otros cuatro funcionarios, en relación con presuntas irregularidades durante el proceso de contratación de servicios tecnológicos para diversas sedes de la entidad. Este proceso contractual asciende a un valor superior a un billón de pesos.

Entre los funcionarios investigados se encuentran el suspendido provisionalmente jefe de la Oficina de Sistemas, Carlos Martín Coy Rodríguez, la directora Jurídica, Manuela Valentina García Cano, y la funcionaria María Ofelia Gallo Sisa. A su vez, según la Procuraduría, el director del SENA será investigado por "posibles irregularidades en la expedición de la resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública, sin que existieran argumentos jurídicos ni técnicos que justificaran esa decisión".  

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Por su parte, la entidad también explicó que, "se investiga si la firma de esa resolución pudo haber afectado derechos jurídicos del proponente Unión Temporal Sena 2.0, y si por tal razón la entidad debió solicitar su autorización para revocar el proceso de licitación". 

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La indagación del órgano de control se centra en posibles irregularidades vinculadas a la revocación de la apertura del proceso de licitación pública, sin fundamentos jurídicos ni técnicos que respalden tal decisión. Se examina también si la firma de dicha resolución podría haber afectado los derechos jurídicos del proponente Unión Temporal Sena 2.0., y si la entidad debió solicitar autorización para revocar el proceso de licitación.

La suspensión provisional del jefe de Sistemas, según el Ministerio Público, se considera necesaria, ya que, en su calidad de ordenador del gasto y líder del proceso de selección bajo escrutinio, no proporciona las garantías necesarias ni a la entidad ni a la comunidad beneficiaria del proyecto. Con la apertura de esta investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye una falta disciplinaria y evaluar si se ha actuado bajo una causal de exclusión de la responsabilidad.