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Un informe de la Fiscalía General de la Nación sobre la judicialización de personas por el delito de aborto que fue entregado a la Corte Constitucional, reveló que se han adelantado 3.057 investigaciones contra mujeres, entre las que se destacan unas 500 menores de edad.
De acuerdo con la tabla de mujeres investigadas por su rango de edad, se registró un caso de entre 6 a 11 años y otros tres de menores con edades de entre 12 y 13 años. Entre los 14 y los 17 años, se registraron 495 casos.
El análisis precisó también que existen cuatro registros de mujeres indiciadas menores de 14 años, de los cuales dos de esos procesos se encuentran archivados, un caso fue trasladado a "juez de menores" y el otro se encuentra activo y en etapa de indagación.
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La Fiscalía también señaló que los cuatro casos mencionados “se encuadran en la tercera causal de despenalización” es decir, violación de la mujer, porque “aun cuando la niña menor de 14 años declara que fue una relación sexual consentida, el embarazo también seria fruto de un delito”.
Ese mismo informe aseguró que la mayoría de abortos se han practicado cuando la mujer ya ha cumplido la mayoría de edad (18 a 28 años 1.058), mientras se pudo establecer que muchas de ellas no cuentan con suficientes recursos económicos.
De este total, 275 mujeres reportaron que se dedicaban a actividades relacionas con el hogar o servicios domésticos; 154 dijeron ser estudiantes universitarias; 109 reportaron que eran estudiantes de colegio y 22 manifestaron que estaban desempleadas.
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Ese informe también señaló que el 29% de las mujeres que han sido investigadas por aborto (910 mujeres) han sido víctimas de algún otro delito como violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos sexuales, y robo.
“Varios de los registros encontrados en el historial de victimización están asociados con dinámicas propias de las violencias basadas en género que podrían estar relacionadas con ciclos de violencia, la generación de embarazos no deseados y la consecuente decisión de interrumpirlos”, señala uno de los apartes del análisis.
El informe que está en manos de la Corte Constitucional, también señaló que otras 22 mujeres informaron que eran trabajadoras sexuales (oficio considerado de alto riesgo ante situaciones de violencia sexual y embarazos no deseados).
“Hay cada vez más evidencia de que las trabajadoras sexuales tienen altas tasas de embarazos no deseados y abortos a pesar del uso generalizado de métodos modernos de planificación familiar [...] Si bien el embarazo no deseado es un problema para muchas mujeres en edad reproductiva, las trabajadoras sexuales tienen circunstancias únicas que pueden hacer que evitar un embarazo sea particularmente importante, pero también especialmente difícil”, dice otro aparte del documento.
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La Fiscalía señaló que ha recibido un total de 5.833 denuncias por el delito de aborto en 21 años (1998 a 2019) entre el 2005 y 2008 se registró el mayor número de denuncias (1056 casos). Entre el 2009 a 2019 se registraron 410 denuncias anuales.
Según los datos de la Fiscalía, en los últimos dos años la mayor cantidad de procesos por aborto se presentó en Bogotá (1.030 procesos, 17,65% del total), seguida por el departamento de Valle del Cauca (415, 7,11%), Santander (323, 5,43%), Antioquia (315, 5,4%) y Boyacá (304, 5,21%).
También se comprobó que en los estratos relativamente bajos se presentan la mayoría de casos de abortos. “Específicamente, los focos de abortos en Bogotá están concentrados Kennedy, Usme, Teusaquillo, Mártires y los estratos más bajos de Suba y Asaquen. Los estratos 5 y 6 ocurre una cantidad de abortos entre 10 y 20 veces menor que en estratos 2 y 3”, destacó el análisis.
