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El pasado 21 de mayo a la oficina del exfiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, llegaron agentes del CTI que se llevaron todos los documentos y la información relevante sobre el caso Odebrecht.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el fiscal encargado, Fabio Espitia, informó que la coordinación de la investigación del fiscal ad hoc, que fue delegado por los impedimentos de Martínez Neira, sería llevada a cabo por el vicefiscal encargado Jaime Camacho.
Fabio Espitia Garzón fue nombrado como director de fiscales delegados ante la Corte Suprema en agosto de 2016. Quien lo nombró directamente allí fue el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Jaime Camacho Flórez no tiene una historia diferente. Este fue escogido fiscal delegado ante la Corte Suprema en septiembre de 2016 y realizó juramento también frente al fiscal Martínez. Camacho estuvo al frente de las investigaciones del cartel de la toga, y fue quien de hecho aceptó en su momento que la orden de escoger ciertos audios para compulsarlos a la Comisión de Acusación, fue el propio fiscal general.
En esa ocasión se denunció que no fueron enviados a la comisión los fragmentos en donde el fiscal Martínez era nombrado en las conversaciones de los implicados en el cartel de la Toga. Y en una declaración ante el exmagistrado Leonidas Bustos, Camacho Flórez, aceptó que quien ordenó hacer la selección de esos fragmentos fue Martínez Neira en un protocolo natural de escoger evidencia para compulsarla a quienes correspondía examinar las pruebas.
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Luego de la renuncia de Martínez, una de las preguntas importantes fue en manos de quién iba a quedar la investigación que había desarrollado el fiscal Ad hoc, Leonardo Espinosa, además en un escenario en donde el presidente Iván Duque aún no ha elegido la terna para delegar al fiscal general que pueda terminar el periodo de al rededor de un año que le quedaba a Martínez.
Un abogado constitucionalista que prefirió no dar su nombre por los personajes implicados opinó que “si existe conflicto de intereses e impedimento”.
Sin embargo, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez señaló que no cree que haya ningún tipo de conflicto de intereses porque los funcionarios no se deben a quien los nombró sino a las funciones propias de su cargo.
“Es lo que establece la constitución. Los funcionarios designados no son agentes personales de quienes los nombran. Ellos pertenecen a la institución. A ambos fiscales yo los conozco desde la universidad y han trabajado en varias entidades. El fiscal Camacho fue fiscal delegado y muy acucioso durante la Fiscalía de Alfonso Valdivieso. Él fue uno de los que llevó el llamado proces 8.000. El fiscal Espitia también fue delegado del exfiscal Valdivieso. Las investigaciones están en manos de penalistas y juristas de trayectoria”.
El exmagistrado Nilson Pinilla también cree en la ecuanimidad del fiscal Espitia y el vicefiscal Camacho, pero aseguró que por ética los dos fiscales sí deberían tener cierta independencia de la revisión de las investigaciones del exfiscal ad hoc.
La FM consultó al vicefiscal Jaime Camacho quien explicó que la revisión de los expedientes quedó en manos de fiscales delegados que son independientes. Pero él continúa con una tarea de coordinación y no se sabe qué podría pasar en caso de un principio de oportunidad que tengan que firmar los fiscales Espitia o Camacho.
Por ahora los mayores avances de los expedientes del exfiscal ad hoc tienen que ver con una reapertura de la investigación a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, y con un llamado a imputación de cargos a Esteban Moreno, empresario de la empresa RGQ Logistics, por unos contratos irregulares en la Ruta del Sol II que fueron identificados por Jorge Enrique Pizano, como controller de Corficolombiana.
