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El gobernador del departamento de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, deberá responder por irregularidades en un contrato para la adquisición de ambulancias por un valor de $3.460.634.610
Una fiscal de delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al mandatario seccional los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
La investigación evidenciaría un supuesto sobrecosto en dicho contrato por el valor de 1.064 millones de pesos.
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Al parecer, el contratista a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50 % del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.
Para la Fiscal del caso, el gobernador Rosero habría cometido falsedad en documento público, debido a que los documentos contractuales previos para sustentar la compra habrían sido elaborados en mayo 22 de 2020, es decir, serían posteriores al trámite del contrato.
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La Fiscalía explicó que logró la judicialización del gobernador de Putumayo, luego de constatar que firmó dicho contrato el primero de abril de 2020, el cual tenía la finalidad de la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento para atender la pandemia por la covid-19.
Los otros investigados por estas irregularidades son: el actual secretario de Salud Jorge Alberto Molina Giraldo, quien sería el que suscribió el contrato; el jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Julián Mauricio Moreno Gómez; las supervisoras del contrato adscritas a la Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental, Gloria Fanny Chávez Cadena y Alexandra Benavidez González; y el representante legal de Carrocerías Innova SAS, Rubén Darío Suárez Saavedra.
