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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenaron convocar a que responda en una audiencia al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, para que cuente toda la verdad sobre los graves hechos y delitos cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia, el seis y siete de noviembre de 1985.
La decisión fue adoptada por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección de Apelación.
Por disposición de los magistrados, esta diligencia fue programada para este martes 17 de enero y hasta el jueves 19 de enero.
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La JEP indicó que la audiencia será de carácter dialógico y en ella participarán las víctimas de los hechos ocurridos en el asalto por parte del M-19 y la posterior retoma del Palacio de Justicia por parte de la fuerza pública.
De acuerdo con los investigadores, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evaluará los aportes de verdad entregados por el general retirado Arias Cabrales una vez termine la audiencia y determinará si estos son suficientes para mantener su sometimiento y avanzar en el trámite de beneficios transicionales en este tribunal especial.
En su oportunidad, el general (r) Arias Cabrales fue condenado por la justicia ordinaria por el delito de desaparición forzada.
“La audiencia única de verdad que realizará la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas fue ordenada por la Sección de Apelación de la JEP, mediante el auto 1184 del 21 de julio de 2022”, indicaron los magistrados.
Cabe mencionar que en septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia estudió mas de 28.000 folios distribuidos en 135 cuadernos originales y 120 discos y dejó en firme la condena de 35 años de prisión contra el oficial retirado.
Según se estableció, en la sentencia de la Corte Suprema el general retirado fue el jefe militar de la operación de retoma del Palacio de Justicia y como tal, dominó de principio a fin la acción.
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“Ordenó el ingreso de vehículos militares al edificio, la ubicación de las tropas y asignó funciones a todos miembros de la Fuerza Pública que participaron en el operativo. Dispuso que las personas que salieran del edificio debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas sino para identificarlas, interrogarlas y establecer los posibles integrantes del M-19”, indicó la Corte Suprema.
