María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación
María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación
Foto de Colprensa
5 Oct 2018 11:42 AM

Fiscalía, tras caso Carlos Mattos, dice que es indignante tratar de minimizar un delito

La vicefiscal general, María Paulina Riveros, se refirió a las declaraciones de la abogada Mildred Hartmann.

María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación, se refirió a las declaraciones que en LA FM ofreció la abogada Mildred Hartmann, defensa del empresario, quien minimizó el escándalo. 

"(Mattos) fue procesado por un delito que es grave pero es un delito cotidiano, de todos los días, y uno ve a la Fiscalía persiguiéndolo con una vehemencia, pidiendo circular azul, algo que no es proporcional a los cargos de él, porque eso no hace todos los días con un procesado por delito de cohecho", indicó Mildred Hartmann.

"Lo que dice la Fiscalía es que es un delito mediano que no reviste mayor gravedad, la ley parte delitos graves y no graves en una pena mínima de 4 años, a eso me refiero, que no es un delito que amerite ponerle orden de captura o buscarlo con circular azul, esa es una persecución desmedida para los cargos", agregó. "El señor Mattos está extremadamente enfermo, en la audiencia pasada se encontraba internado en una instalación médica", puntualizó.

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Al respecto, María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación, señaló: "La Fiscalía jamás ha dicho y jamás podría decirlo que un acto de corrupción es un acto mediano. Es una categoría que no existe por parte de nuestro régimen penal. Es indignante. El país no puede seguir pensando que la justicia y la ley tiene precio. Es inaceptable tratar de minimizar un hecho de tal gravedad como la compra de funcionarios judiciales y los mismos jueces. Esto es un acto de corrupción. La justicia no tiene precio en nuestro país".

El caso de Mattos

El 8 de junio anterior, la Fiscalía General de la Nación anunció descubrió una gran red de corrupción judicial y manipulación de repartos en el que fue mencionado Mattos. El ente acusador dio cuenta de la supuesta adulteración en el reparto de procesos en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá, con el fin de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.  

En las indagaciones fueron vinculadas nueve personas, entre las que figuran funcionarios judiciales, abogados y particulares, señaladas de ser los determinadores de una red de corrupción en la administración de justicia. En el marco de las pesquisas se anunciaron capturas. En el caso específico de Carlos Mattos Barrero, la Fiscalía General de la Nación señaló: 

"Dueño de Hyundai Colombia Automotriz S.A. Por solicitud de la Fiscalía, la Secretaría General de Interpol expidió la circular que procede en este caso. El viernes primero de junio de 2018, el fiscal del caso obtuvo ante un juez de control de garantías la orden de captura contra el empresario automotriz por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático".

Ese mismo día, el 8 de junio, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez 39 penal de Bogotá con función de garantías dictó medida de aseguramiento intramuros en contra del juez sexto civil del circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, al advertir que su libertad ponía en riesgo la debida y oportuna administración de justicia en la investigación que se adelanta en su contra.

Según testigos, el juez habría recibido cerca de 2.500 millones de pesos en efectivo para sancionar una medida cautelar dentro de la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea. La resolución concedida por el juez sexto, con fundamento en maniobras presuntamente fraudulentas, habría beneficiado a la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A., con recursos cercanos a los 35 millones de dólares, de acuerdo con lo señalado por el fiscal.

De acuerdo con el fiscal, al solicitar la medida de aseguramiento, se concretaron varias reuniones en el apartamento del empresario Carlos Mattos, a las cuales supuestamente acudió el juez y otros funcionarios de la rama, en la que se habría pactado el pago de los más de 2.000 millones. El juez investigado negó los cargos que le endilgó la Fiscalía y deberá responder en juicio por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, daño informático, cohecho impropio y utilización ilícita de redes de comunicación.

Vea las declaraciones completas de  María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación