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La Procuraduría General de la Nación citó a una mesa interinstitucional "de alto nivel" para el próximo martes, 23 de diciembre, en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, a unos veintinueve kilómetros del golpeado y montañoso municipio de Buenos Aires.
El encuentro acogerá a funcionarios de distintas entidades para elaborar "un plan de acción inmediato e integral" para garantizar "la seguridad, la convivencia y el acceso digno a los servicios públicos" de la población de Buenos Aires, que el 16 de diciembre vivió un día terrorífico.
Para la Procuraduría, el hostigamiento del martes —que acorraló por unas nueve horas a más de 30.000 personas en medio de ataques a la estación de Policía, la Alcaldía, el Banco Agrario y la iglesia— muestra "una preocupante ausencia de control por parte de la fuerza pública".
Las detonaciones en Buenos Aires arrancaron sobre las seis de la mañana del tercer martes de diciembre. El frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de 'Iván Mordisco', lanzó varios cilindros de gas rellenos de explosivos al parque principal del pueblo.
La crisis en Buenos Aires tras el ataque de las disidencias
Minutos después, los armados arremetieron con ráfagas de fusil contra diecisiete policías que custodiaban el casco urbano. La acometida dejó dos policías muertos y ocho heridos que continúan bajo atención médica especializada en la fundación Valle del Lili, en Cali.
Uno de los uniformados permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica. La fundación ha valorado a los demás en los servicios de urgencias, cirugía general y ortopedia, entre otras especialidades, y mantiene un seguimiento interdisciplinario permanente.
El alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, viajó hasta Bogotá para pedirle apoyo al ministro del Interior, Armando Benedetti. La sede de su administración quedó destruida, a lo que el Gobierno respondió con la promesa de 20.000 millones de pesos para reconstruir.
Las autoridades buscan tomar medidas
"Tenemos que llegar a resolverlo. Yo no tengo certeza de dónde vamos a operar para prestar los servicios que habitualmente prestamos", aseguró el mandatario local el 17 de diciembre, cuando las autoridades detonaban de forma controlada varios explosivos que las disidencias abandonaron.
La Procuraduría se comprometió a desarrollar "acciones específicas para proteger el derecho de la población a acceder de manera digna al servicio de energía, afectado por las recientes acciones violentas", de acuerdo con el delegado para la Gobernanza Territorial, Alexander López.
Entre tanto, el Gobierno nacional y la cúpula militar adelantan este sábado, 20 de diciembre, un consejo de seguridad en la Casa de Nariño para analizar el orden público no solo en Cauca, sino en otras zonas, como el Cesar, donde el ELN atacó la base militar de Aguachica.
Cuatro militares de Aguachica permanecen en estado crítico en Bogotá. El presidente Gustavo Petro, quien calificó el día de los ataques en Cauca y Cesar como "fregado", encabeza la reunión en Palacio junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el de Interior, Benedetti.
