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Dos horas duró la sesión en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estudió los avances en el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia tras los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En la diligencia, que se adelantó a puerta cerrada, estuvieron presentes familiares de los desaparecidos, abogados de las víctimas, representantes de la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal.
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En la sesión, según reveló el abogado Eduardo Carreño, la Fiscalía General reconoció que en efecto sí existieron casos de desaparición forzada en el Holocausto del Palacio de Justicia, pese a los anuncios que se habían hecho en semanas anteriores sobre la negativa para reconocer este caso.
“Una primera conclusión es el reconocimiento del fiscal titular y del Estado que en el caso sí hubo desaparecidos”. El jurista manifestó que tras escuchar las intervenciones se llegó a la conclusión que se han presentado graves fallas para adelantar las respectivas investigaciones.
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Cuestionó el hecho que las Fuerzas Militares tenían información de inteligencia suficiente para saber que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia. Sin embargo, lo que se hizo quitar toda la seguridad para que dicho grupo guerrillero ingresarla y ahí atacarlos.
“Se evidencia que no hubo el deber de protección de todas las personas que estaban en el Palacio y de los visitantes ocasionales”, expresó el abogado al citar el conocimiento del Ejército del plan tres meses antes de los hechos.
Carreño sostuvo que existe una responsabilidad directa y clara del Estado en el mal manejo e identificación de los cuerpos que quedaron en el Palacio de Justicia tras la operación de recuperación.
Recuerda que los mismos jueces penales ordenaron el traslado irregular de los restos calcinados a la fosa común en el Cementerio del Sur para intentar ocultar toda evidencia.
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Muchos años después quedaron al descubierto las graves irregularidades en este caso y las omisiones para investigar este caso en Colombia, situación por la cual el organismo internacional condenó al Estado colombiano.
En la misma diligencia se presentó un "mea culpa" por las demoras y entregas en los cuerpos, reconociendo que muchos años después de confirmó que algunos cuerpos habían sido entregados a las familias equivocadas, ampliando así el dolor y la incertidumbre.
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