Fiscalía judicializó a presunto hombre de confianza de Aroch Mugrabi por el delito de lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ricardo Munar Fernández, quien fue capturado al ser considerado hombre de confianza de Alberto Aroch Mugrabi, señalado de participar en una gigantesca red de exportaciones ficticias cuyas actividades delictivas superaron los 700.000 millones de pesos, en una de las operaciones de lavado de activos más grandes del país.

Munar Fernández fue condenado a una pena de 5 años de prisión el 22 de agosto de 2019 por parte de un juez penal del Circuito de Bogotá y fue capturado en medio de un operativo de las autoridades para responder entre otros delitos por enriquecimiento ilícito.

En el fallo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que negó la casación instaurada por Munar Fernández con la que buscaba tumbar el proceso penal en su contra, se señala a Munar como socio de Aroch Mugrabi en medio de las actuaciones ilícitas cometidos en todo este entramado criminal.

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“Entre los años 2001 al 2014 se efectuaron varias exportaciones ficticias y otras operaciones de contrabando que vinculan a las sociedades Moda Sofisticada, Vital Jeans y Proyectos y Desarrollos, todas ellas de propiedad de los empresarios Alberto Aroch y Mónica Aroch Avellaneda, a las mencionadas sociedades estuvieron vinculados laboralmente Ricardo Munar Fernández y Fernando Rivera Cifuentes”, señala el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Según las investigaciones se trató de “un esquema de triangulación para el ingreso multimillonario de dinero a Colombia, mediante la utilización de empresas fachadas en Hong Kong, (China), Venezuela y Estados Unidos, con el propósito de dar la apariencia de legalidad de operaciones económicas normales por importación y exportación de productos textiles”.

De acuerdo con el expediente Munar Fernández, fue miembro de la junta directiva de Vital Jean y socio hasta 2014; también estuvo asociado a Modas Sofisticadas desde 1993 a 2014 e integrante principal de la junta directiva de Proyectos y Desarrollos entre 2009 y 2014.

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“Los mismos refirieron el incremento patrimonial ilícito generado por la creación y utilización de empresas; por lo que, en lo fáctico y jurídico se ciñó a lo establecido en la norma respecto del delito de enriquecimiento ilícito”, se indicó en el expediente de las autoridades.